La UE convalida las ayudas de 1,3 billones a las empresas eléctricas

Los costes de transición a la sompetencia son un sistema diseñado para compensar las inversiones hechas por las compañías eléctricas en el proceso de liberalización del mercado de la energía, impuesto por la legislación comunitaria. Es lo que en la jerga comunitaria se conoce como costes hundidos. La Comisión Europea reconoce que, 'aunque este sistema contenga elementos que pueden considerarse como ayudas de Estado, serían compatibles con las disposiciones del Tratado de la UE'.

El montante inicialmente previsto para compensar a las eléctricas Endesa, Iberdrola, Fenosa, Hidrocantábrico, Elcogás e Hidroeléctrica de Cataluña era de 11.951 millones de euros (1,988 billones de pesetas). Esa ayuda para compensar los costes hundidos ligados a la liberalización del sector se rebajó en 1998 a 10.438 millones de euros (1,736 millones de pesetas).

Dudas de Monti El comisario europeo de la Competencia, Mario Monti, estaba dispuesto el pasado mes de febrero a abrir un expediente formal contra España porque tenía dudas sobre la compatibilidad de estas ayudas con las disposiciones del Tratado de la UE en materia de ayudas de Estado. Pero a raíz de las modificaciones realizadas ese mismo mes en la legislación española sobre las condiciones de concesión de los CTC cambiaron radicalmente las intenciones de Monti. El Gobierno español eliminó el elemento más problemático para Bruselas: el cobro de CTC mediante una cuota del 4,5% aplicada en el recibo de la luz, reinstauró el sistema de liquidación por diferencias vigente hasta 1997 y se suspendió la figura de la titulización (colocación de deuda en el mercado financiero), mediante la cual el sector eléctrico se aseguraba recibir por adelantado las ayudas. La duda en febrero era si las ayudas otorgadas antes de la modificación de la legislación española (alrededor de medio billón de pesetas) debían ser recuperadas. La Comisión Europea considera que no es necesario exigir la devolución porque con la decisión de ayer autoriza un paquete global de ayudas al sector. Bruselas no dispone de elementos como para considerar esas ayudas como subvenciones incompatibles con el Tratado.

La segunda clave en este cambio de postura del comisario Monti está en la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE sobre el caso de las ayudas concedidas a la compañía alemana PreussenElektra para la generación de electricidad a partir de fuentes renovables, en la que se dijo que para que haya una ayuda de Estado tiene que haber una transferencia directa o indirecta de recursos del Estado. Es la tesis defendida por la comisaria europea de Energía, Loyola de Palacio. 'Esta sentencia ha ayudado a clarificar este expediente complejísimo y va a tener una influencia en el análisis y en los criterios de la Comisión a la hora de analizar el concepto de ayuda de Estado en el futuro', declaró.

Ayudas de Estado La Comisión Europea adoptó también las líneas generales para analizar las ayudas de Estado ligadas a los costes hundidos en el sector eléctrico. El razonamiento que hace ahora Bruselas es que mientras los mercados estaban cerrados a la libre competencia, los precios fijados por un Estado miembro garantizaban las inversiones de las empresas. La caída de los precios como consecuencia de la liberalización puede comprometer esas inversiones y representar una carga para ellas, con el consiguiente riesgo de un incremento de los precios para compensar las pérdidas. La Comisión Europea establece que las ayudas que se concedan al sector eléctrico a través de los costes de transición a la competencia deben concentrarse en compensar los gastos vinculados a la liberalización, se deben adaptar la evolución real del mercado y tienen que estar limitados en el tiempo.

La comisaria De Palacio considera que con estas decisiones 'se está dando mayor certidumbre al sector eléctrico europeo que está enfrentado a un proceso de liberalización y al que se le quiere someter a un segundo proceso para conseguir la apertura plena en 2005'.