El Gobierno modificó en febrero la fórmula de cobro tres años después de que fuera aprobada

Los denominados costes de transición a la competencia (CTC) fueron pactados por las compañías eléctricas con el entonces ministro de Industria, Josep Piqué, en dos etapas entre los años 1996 y 1998. Su cuantía y la forma en que fueron pactados han sido motivo de controversia con Bruselas durante tres años. Sólo la modificación de las condiciones aprobadas por el Gobierno el pasado mes de febrero han permitido al Ejecutivo y al sector evitar un revés en Bruselas.

En los años 1996 y 1997, empresas y Ministerio de Industria llegaron a un acuerdo: a cambio de abrir a la competencia el sector y aceptar el cambio normativo (nueva Ley Eléctrica), las compañías recibirían durante 10 años un 'máximo' de 1,9 billones de pesetas, en los que se incluían alrededor de 300.000 millones de pesetas de ayudas al carbón. La cantidad que se cobraría cada año dependería de la evolución de la demanda, del precio del kilowatio en el mercado liberalizado (por encima de las seis pesetas-kilowatio las ayudas disminuyen) y de los tipos de interés vigentes en cada momento.

Ese primer acuerdo no fue mal recibido. La Comisión Nacional de la Energía (CNE), presidida entonces por Miguel Ángel Fernández Ordóñez, aceptó el derecho de las empresas a recibir alguna compensación por la merma de rentabilidad de sus inversiones en un nuevo marco legal, aunque cuestionó el máximo pactado.

El problema surgió en 1998. Industria volvió a pactar con las empresas: a cambio de adelantar la apertura del mercado eléctrico y la posibilidad de elegir suministrador por los clientes, las compañías obtuvieron el derecho a recibir de una tacada un billón de pesetas de la cantidad total pactada. Las compañías aceptaban, además, reducir ligeramente la cantidad total: 1,3 billones en lugar de 1,6 (excluido el carbón).

Ese cobro de las ayudas de una vez, mediante el mecanismo financiero denominado 'titulización', implicaba un cambio importante respecto al pacto inicial. Para empezar, se destinaba a asegurar el cobro adelantado del billón eléctrico un 4,5% de la tarifa eléctrica de todos los usuarios; y además, las ayudas pactadas como 'máximas' adquirían carácter fijo, inamovible, al margen de la evolución de las condiciones del mercado. La Comisión de la Energía, la oposición y las asociaciones de consumidores y usuarios pusieron el grito en el cielo. Sus argumentos fueron escuchados en Bruselas. El 4,5% de la tarifa que aseguraba la titulización fue considerado en Bruselas como una tasa parafiscal, incompatible con las normas comunitarias. Así lo consideraron, en diciembre de 2000, la Dirección General de Fiscalidad y la de Consumo de la UE.

Ante las reticencias comunitarias, en febrero de este año, por decreto -y al hilo de la fusión no consumada entre Endesa e Iberdrola-, el Gobierno dio marcha atrás, eliminó la afectación del 4,5% de la tarifa al pago de las ayudas (aunque el recibo no bajó en la misma proporción) y volvió al sistema anterior, es decir, las compañías cobrarán las ayudas -en cuantía por determinar- durante los próximos 10 años y según evolucionen el mercado y el precio del kilowatio.