Confusión sobre las inversiones del Arzobispado de Valladolid
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El arzobispo de Valladolid, José Delicado Baeza, negó ayer, a pesar de los indicios, que la diócesis de Valladolid sea uno de los clientes afectados por el escándalo de la agencia de valores Gescartera, en su delegación vallisoletana. Delicado Baeza, que evitó pronunciarse al respecto, sí afirmó que 'una fundación dependiente del arzobispado y que fue la encargada de rehabilitar unas dependencias religiosas de la capital, puede estar afectada en unos 30 millones de pesetas invertidos en Gescartera'.
No obstante y a pesar de las manifestaciones del responsable religioso de Valladolid, todo hace indicar, que junto a esos 30 millones de pesetas, el obispado de Astorga junto al menos una congregación de religiosas de Valladolid están seriamente afectadas y por importes muy superiores a los facilitados por Delicado Baeza, ya que, fuentes cercanas al arzobispado de Valladolid han cifrado los perjuicios económicos en cifras superiores a los 500 millones de pesetas.
Por su parte, el delegado de Gescartera en Valladolid, José María García Tejerina, hermano de Isabel García Tejerina, Secretaria de Estado de Agricultura y afectada por la presunta estafa de Gescartera, desmintió ayer que la agencia gestionara dinero negro y admitió que tanto el cómo su propia familia, son algunos de los principales afectados por el escándalo.
Apariencia legal
Tejerina que se ha negado a realizar declaraciones para confirmar o desmentir la implicación de su hermana en la sociedad de valores si se refirió en declaraciones al periódico ABC, en sus páginas regionales, que en Gescartera 'ha fallado el sistema, porque todo era legal, en apariencia' y asegura que 'hay familias en una situación muy dura y dramática'.
Gescartera en Valladolid es una sociedad que al igual que en toda España funciona desde el año 1992. Entre sus responsables anteriores figura, a través de una sociedad denominada BC INVEST Castilla y León S.L., Javier Valenzuela, uno de los dos condenados junto al exconsejero de Economía de la Junta de Castilla y León, Miguel Pérez Villar, por el llamado caso de la minería, un asunto que apuntaba directamente a José María Aznar, en un presunto caso de financiación ilegal del PP en la comunidad en la época en la que presidía el gobierno regional.
Junto a esto, un grupo de afectados a título individual desde la delegación de Gescartera en Valladolid van a exigir responsabilidades penales y civiles tanto a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), al Banco de España, al Consejo de Administración de Gescartera y a la Fundación ONCE, en su calidad de copropietaria de esta agencia de valores.
