Pateras

La llegada diaria de pateras repletas de inmigrantes sin papeles a las costas andaluzas y en menor aunque significativo grado a las canarias necesita una respuesta política y humanitaria de urgencia acorde con su magnitud por parte del Gobierno y del resto de las administraciones públicas. Las tareas de acogida y de intendencia que acarrea esa avalancha no pueden seguir estando básicamente en manos de organizaciones de voluntarios y depender de la iniciativa de las administraciones autonómicas y locales.

El Gobierno parece tomar conciencia de la gravedad de la situación. En la conferencia de prensa sobre el reglamento de la Ley de Extranjería aprobado el viernes por el Consejo de Ministros, el vicepresidente primero y ministro del Interior, Mariano Rajoy, no dudó en calificarla de 'trágica'. Pero en cuanto a las soluciones sólo aportó dos, indispensables pero insuficientes: la colaboración de Marruecos y la actuación eficaz de las fuerzas de seguridad del Estado. La primera es fundamental, pero, como el propio ministro reconoció, muy difícil de conseguir en el grado requerido por España. Marruecos se resiste a controlar los flujos migratorios que nacen o transitan por su territorio. La firma, el próximo día 26, de un acuerdo de contratación de mano de obra marroquí servirá para disminuir el flujo irregular de inmigrantes, pero España pide un mayor esfuerzo por parte de Marruecos en el control de pateras que parten desde el otro lado del Estrecho.

En cuanto a la actuación de las fuerzas de seguridad, en concreto la Guardia Civil, su eficacia queda demostrada por el número de detenciones ofrecido por Rajoy. En los primeros seis meses del año han sido detenidos en las costas españolas 7.112 inmigrantes sin papeles; unos dos mil más que en el mismo periodo del año anterior. De ellos, han sido devueltos 5.366, lo que parece demostrar que la repatriación funciona en términos aceptables. Pero ¿qué hacer con los casi dos mil inmigrantes que en este tiempo han quedado en territorio español, bien por no acreditarse su país de origen o por otras causas? Los problemas legales y de intendencia que plantea la estancia de estos inmigrantes en situación precaria exigen una acumulación de medios, además de una coordinación administrativa, que de momento no existen. Hace falta un plan conjunto de las administraciones central y autonómicas afectadas, especialmente la andaluza, para afrontar los costes de esa estancia mientras se encuentra una salida legal y humanitaria. La falta de sintonía entre el Gobierno del PP y la Junta de Andalucía se hace sentir también sobre la política de inmigración.

Rajoy ha señalado que con la entrada en vigor, el 1 de agosto, del reglamento de la Ley de Extranjería quedan fijadas 'las reglas de juego y las formas de entrada legal en España'. No hay que esperar que este nuevo instrumento legal, como ha sucedido con la ley que desarrolla, tenga un efecto disuasorio inmediato sobre el actual ritmo de llegada de pateras a las costas españolas. Pero el nuevo reglamento servirá para poner un poco de orden en la caótica política migratoria que viene practicando el Gobierno desde la entrada en vigor de la Ley de Extranjería. El reglamento refuerza las tesis a favor de la inmigración legal, pero no cierra del todo las puertas al inmigrante irregular, al que ofrece la posibilidad de regularizarse por la vía del arraigo o el reagrupamiento familiar. En cualquier caso, sigue siendo necesario un acuerdo general de las fuerzas políticas y sociales, llámese pacto de Estado u otra cosa, si se quiere gestionar con eficacia y realismo el cada vez más complejo fenómeno de la inmigración.