Los socialistas proponen pactar el nuevo Poder Judicial y aplazar el resto de los cargos constitucionales

Aunque con dificultades por la pérdida de confianza mutua que se ha producido en el curso de la negociación, tanto populares como socialistas están dispuestos a volver al diálogo, roto abruptamente el pasado jueves con acusaciones mutuas de deslealtad. Para el PSOE, lo urgente ahora es salvar el acuerdo sobre la composición del Consejo General del Poder Judicia (CGPJ). Así lo afirmó ayer el responsable de Justicia del PSOE, Juan Fernando López Aguilar. 'Por respeto a los jueces, a los ciudadanos y al Pacto por la Justicia debemos salvar el acuerdo para el Consejo y no remitirlo a septiembre', dijo López Aguilar. Este responsable recordó que su partido pidió en vano al Gobierno aplazar la elección del Consejo hasta septiembre con el fin de que las asociaciones y los jueces no afiliados tuvieran más tiempo para hacer su propia elección interna. 'Ellos han cumplido con su trabajo y nosotros no podemos defraudarles', añadió.

En principio, no habría demasiado problema para cerrar el pacto. Los socialistas aseguran que respetan el deseo del PP de tener la mayoría absoluta y ellos quieren la máxima representación de partidos en el mismo. De ahí que de manera 'inequívoca' una de sus siete plazas iniciales la ocupe la diputada del PNV Margarita Uría o cualquier otra persona que designe ese partido nacionalista.

Tampoco debería ser problema que Coalición Canaria no tuviera a una persona con la que se sintiera identificada y el PSOE deja en manos del PP una propuesta afín a ese grupo. La solución podrían alcanzarse de manera inmediata y, por tanto, el nuevo Consejo puede ser votado en el pleno de las Cámaras el próximo jueves.

Pero la última palabra la tiene el PP, que hasta ahora ha exigido que el acuerdo fuera global, es decir, el Consejo, el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Cuentas. Éste último lleva siete meses de retraso por lo que el PSOE no encuentra razones de peso para que se posponga hasta septiembre.

Pero ha sido precisamente el Tribunal de Cuentas el órgano donde se han suscitado más problemas. El PP pidió al PSOE que aligerara de pesos políticos su propuesta y lo hizo con la exclusión de Luis Martínez Noval y Lluís Armet. La trifulca vino porque 'sin avisar', según el PSOE, el PP incluyó para el Constitucional a Roberto García Calvo, de perfil extremadamente conservador a juicio de los socialistas.

Todas las cartas se volverán a mover ahora y si el PP no veta a estos dos socialistas el PSOE tampoco lo hará con el magistrado García Calvo