En la encrucijada

Si el Gobierno suponía que el caso Sintel se iba a resolver por fin, en estos momentos ya se habrá dado cuenta de su error. El comité intercentros de la compañía, instalado en el campamento de la Esperanza que durante los últimos seis meses forma parte del hábitat natural de la Castellana madrileña, ha rechazado la propuesta gubernamental de recolocar a 800 o 1.000 trabajadores de la compañía en quiebra -la plantilla total asciende a unos 1.800- e iniciar un plan de prejubilaciones cuyo coste para las arcas públicas estaría en torno a los 30.000 millones de pesetas. A pesar de que la propuesta cuenta con el acuerdo tácito de los sindicatos UGT y CC OO, el comité entiende que la propuesta es confusa, y mantiene su pretensión de que Telefónica 'restituya' los empleos destruidos con la quiebra de la empresa.

Es verdad que el Gobierno encaró tarde y mal el problema, dejó que se enconara y ahora tampoco exhibe demasiado tacto; también es verdad que Telefónica orquestó en su día una operación apresurada para desprenderse de una compañía cuyos servicios ya no podían competir en el mercado. Todo ello abunda en los recelos de los trabajadores, que temen que el último plan anunciado sea sólo una forma de desmovilizarlos y dividirlos; propaganda a la que tan habituado está este Ejecutivo. Pero los trabajadores acampados han rechazado ya varios planes sucesivos de viabilidad, y esa actitud empieza a resultar insostenible incluso para sus propios intereses. Parecen obcecados en una ensoñación, la de que Sintel todavía existe -en realidad, los interventores están procediendo a la liquidación de sus activos- y que sus empleos están guardados en algún cajón a la espera de que alguien acceda a devolvérselos.

La realidad es otra. Sintel, maniobras de venta oscuras al margen, dejó de ser competitiva y hoy estaría fuera del mercado incluso en el caso de que existiera. Telefónica no tiene la obligación legal de garantizar los puestos de trabajo de los empleados de Sintel. Y de las dos premisas anteriores se desprende que el plan de contratación y prejubilaciones propuesto por el Gobierno con el acuerdo de Telefónica es un avance y así debe ser considerado, con todas las concreciones y avales que se necesiten. Si no es así, los trabajadores que hasta ahora han recibido la solidaridad de la opinión pública pueden quedarse aislados. Lo que sería un final aún más desastroso.