Ruiz-Gallardón penalizará por ley el transfuguismo político

Según explicó el presidente del Gobierno regional, Alberto Ruiz-Gallardón, con ambos anteproyectos la Comunidad de Madrid pretende 'llegar más lejos de lo que haya llegado ninguna comunidad autónoma en el desarrollo de la Constitución española de 1978' en lo que se refiere al proceso de descentralización de competencias administrativas. Ambos textos ya han sido remitidos a la Federación de Municipios de Madrid (FMM) para que las corporaciones locales realicen las alegaciones que consideren oportunas. El jefe del Ejecutivo regional expresó su deseo de que ambos textos lleguen a la Asamblea con el máximo consenso municipal y que su aprobación definitiva se produzca antes de final de año.

Entre las novedades del anteproyecto de Ley de la Administración Local destaca la penalización, por primera vez en un ordenamiento autonómico, del transfuguismo político. La medida, que el presidente describió como de 'responsabilidad ética', pretende evitar que los representante políticos que abandonen el grupo en cuyas filas fueron elegidos por los ciudadanos se vean favorecidos. Los posibles concejales tránsfugas no acumularán financiación a través de este giro político ni podrán mejorar sus derechos como representantes de la ciudadanía, pasando a formar parte de un grupo denominado de 'no adscritos' a ningún grupo político.

A través de esta medida se pretende evitar situaciones como la ocurrida en 1991 en el Parlamento regional cuando el grupo más votado fue el PP, pero no pudo gobernar ya que uno de sus diputados, Nicolás Piñeiro, no concedió el voto al grupo por el que había sido elegido, tras lo que fundó el Partido Regionalista Independiente de Madrid (PRIM), lo que situó a Ruiz-Gallardón durante cuatro años más en la oposición.

Además de esta penalización del transfuguismo, el anteproyecto establece un reconocimiento legal de los grupos de concejales que no forman parte de la labor de Gobierno y se fijará por ley la obligatoriedad de dotarles de los suficientes recursos materiales para el desarrollo de sus funciones. Con ello, según Ruiz-Gallardón, se ofrecerá 'un mayor reconocimiento' a la labor de los grupos de la oposición 'que también es trascendente para los ciudadanos y necesaria para el buen funcionamiento de la Administración local', señaló.

Rango de ley para el Prisma

Otro aspecto novedoso de la ley será la regulación pormenorizada de las situaciones administrativas de los funcionarios, permitiendo su movilidad entre las distintas administraciones locales e, incluso, la autonómica mediante la elaboración de un catálogo de equivalencias entre escalas y especialidades de personal.

Asimismo, se elevará a rango de ley el Plan Regional de Inversiones y Servicios de Madrid (Prisma), con lo que se pretende apostar por un modelo de cooperación económica en las inversiones necesarias para la realización de proyectos municipales que responda a criterios objetivos, descartando la arbitrariedad en el trato a las diversas localidades.

Por otro lado, la nueva legislación fortalecerá la figura de las mancomunidades de municipios, de forma que se constituirán como un 'importante instrumento para la descentralización', puesto que podrán recibir y gestionar competencias que algunos municipios, por sus reducidas dimensiones, no podrán recibir, con lo que se convertirán 'en una realidad emergente en la región'.

Respecto al Anteproyecto de Ley para el Desarrollo del Pacto Local, Ruiz-Gallardón indicó que su objetivo será 'convertirse en el instrumento perdurable que permita llevar a cabo el Pacto Local de la Comunidad de Madrid atendiendo a la diversidad de sus municipios y estableciendo las reglas con las que las localidades puedan acceder a sus mejores techos competenciales', aunque no en todos los casos la Administración regional perderá la titularidad de las competencias que transfiera.

Dicha descentralización podrá llevarse a cabo mediante tres mecanismos: las transferencias competenciales, que serán aprobadas por ley en la Asamblea; las delegaciones competenciales, mediante las que no se transferirá la titularidad sino la función ejecutiva concreta; y las encomiendas de gestión, que serán el resultado de un convenio entre ambas administraciones, la autonómica y la local.

Para el desarrollo de este proceso de descentralización se creará una Comisión Mixta de Coordinación de las Competencias que establecerá las que podrán ser transferidas, así como los municipios que estarán en condiciones de poder recibirlas.

Esta Comisión Mixta estará integrada por 20 representantes, 10 de la Comunidad y otros 10 de las corporaciones locales, que serán designados por la FMM, y deberá constituirse seis meses después de la aprobación del nuevo marco legislativo.