La polémica nuclear
Entre las muchas páginas que EL PAÍS ha dedicado a informaciones sobre la energía nuclear, el titular que aparece el día 14 es, cuanto menos, equívoco. Se dice que 'un centenar de eléctricas mundiales se declaran a favor de la energía nuclear'. En la noticia se indica que cuatro eléctricas españolas firman el manifiesto (Iberdrola, Equipos Nucleares, la Empresa Nacional del Uranio-Enusa y Empresarios Agrupados). Si por eléctricas se entiende las compañías que producen, transportan o distribuyen electricidad, sólo la primera de las cuatro merece tal nombre. Las demás lo son en el mismo sentido que algunos amigos míos que reparan electrodomésticos que usan electricidad. Son todas ellas, por el contrario, empresas claramente vinculadas a la industria nuclear, sobre cuya viabilidad económica es preferible no hablar para no ser tildado de cruel.
Lo que no deja de sorprender es que en ninguno de los artículos publicados se diga que no existe ningún obstáculo legal en nuestro país para instalar nuevas centrales nucleares. El protocolo del sector eléctrico que suscribió el primer Gobierno del PP con las empresas eléctricas (de verdad) establecía con claridad 'la libertad de elección de emplazamiento y de combustible'. Y la Ley 54/97, del Sector Eléctrico, confirmó esta disposición acabando con la moratoria nuclear que un gobierno del PSOE estableció allá por 1984. Desde entonces se ha ampliado la potencia de casi todas las centrales nucleares que funcionan, pero no se ha solicitado ninguna nueva.
¿Por qué entonces las eléctricas (de verdad) no se lanzan a construir nuevas centrales nucleares mientras se han pedido 33.000 MW de centrales de gas y casi 100.000 MW de plantas eólicas? Desde el ecologismo les aseguramos nuestra oposición, pero las razones de más peso aparecen en el artículo de Jesús Mota del domingo en las páginas sepia: no son rentables.
