Un civil para la reforma: los retos de Dezcallar
La llegada de un civil al Cesid 'debe servir para actualizar los servicios de inteligencia'
Desde hace años, el nombramiento de un civil como director del Cesid se ha entendido como el punto de inflexión a partir del cual todos los males del Cesid se resolverían. En la figura de un director civil del Cesid se ha querido simbolizar el fin de una época, de una transición, de la desmilitarización del aparato de inteligencia estatal, largamente esperada. La señal -la designación de un civil- ha llegado y en la agenda del nuevo director esperan cambios que en otras épocas y con otros Gobiernos no se han querido o no se han podido afrontar.
El actual sistema de inteligencia español nació tras un proceso de lucha entre los Ministerios del Interior, Defensa y Exteriores por parcelas de poder, sin un proyecto claro de estructuración. Así, el diseño definitivo se fue posponiendo entre continuos intentos de reforma que fueron bombardeados por unos y otros. La estructura actual está, por lo tanto, viciada por la falta de una articulación eficaz de competencias entre los servicios de la policía y la Guardia Civil y el propio Cesid; el solapamiento que se ha producido con el Ministerio de Asuntos Exteriores y la imposibilidad del despegue de una inteligencia militar conjunta, siempre mediatizada por la acción del Cesid.
El nuevo director tiene ante sí varios retos. Algunos de ellos están fuera de su capacidad de decisión, y será el poder político el que tenga que entregarle las herramientas necesarias, definiendo cuál es el modelo de inteligencia que España necesita para el siglo XXI. Jorge Dezcallar tendrá la tarea de liderar un proceso de reestructuración de los Servicios de Inteligencia que deberá centrarse en varios aspectos.
Por una parte, la estructura de los servicios. El nuevo director necesita que se defina cuál será el marco en el que el Cesid desempeñe sus funciones. Esto supondrá esencialmente decidir si el Cesid debe convertirse en el centro del sistema español de inteligencia o, por el contrario, si será una organización más dentro de la llamada comunidad de inteligencia. Esto supone, entre otros aspectos, decidir quién coordinaría esta comunidad, cuántos servicios existirían o si el sistema de captación de señales -verdadero poder del Cesid- seguiría bajo su exclusiva responsabilidad o estaría bajo la cobertura de una nueva organización, como ocurre en los países anglosajones.
En el interior del Cesid, Dezcallar deberá hacerse con los niveles intermedios del centro, colocando en ellos a civiles de su confianza. Finalizar el proceso de profesionalización de la estructura del centro iniciada con el Estatuto de 1995, disminuyendo el proceso endogámico de reclutamiento y apostando por la inclusión de jóvenes y mujeres con nuevos perfiles y formaciones. Todo esto supondrá forzosamente reducir el número de militares, que en la actualidad suponen la mitad de la plantilla.
Por otra parte, el Cesid debe racionalizar sus misiones. A pesar de la habilidad que el Cesid ha tenido para hacerse con diferentes parcelas de la información, dentro y fuera de España, la situación actual hace inviable este modelo de cuasi-monopolio. Las características de las nuevas amenazas a las que hacen frente los Estados, la necesidad de potenciar la inteligencia económica y la importancia de las fuentes abiertas, como se han apresurado a reconocer los servicios nórdicos, hacen urgente tanto una redefinición de las áreas como de la organización que mejoren la eficacia y la eficiencia del Cesid.
Otra asignatura pendiente es la imagen de los Servicios de Inteligencia. Hasta ahora, los escándalos han sido la principal fuente de relación de los servicios con los ciudadanos. Dezcallar deberá dotar al centro de una política de comunicación que permita transmitir a los ciudadanos la utilidad y la necesidad de sus Servicios de Inteligencia. En la Administración no pueden existir parcelas opacas, ya que el secreto es perfectamente compatible con la explicación de las funciones de los Servicios de Inteligencia.
Finalmente, Dezcallar necesitará un marco legal adecuado para el desarrollo de las misiones del Cesid. Esto supone que el Gobierno indique con claridad a los Servicios de Inteligencia cuáles serán sus objetivos, sin que se dé simplemente por enterado, como ocurrió en el Consejo de Ministros de 1997. Por otra parte, las actividades del centro deberían contar con la cobertura legal necesaria que evite que los agentes del centro deban incumplir la ley en su trabajo. Este control, bien sea judicial o bien sea administrativo, no tiene por qué hacer peligrar el lado operativo de los Servicios de Inteligencia. EE UU, Alemania o Portugal son ejemplos de poderosos y diferentes sistemas de control de aquellas actividades que puedan vulnerar la legalidad y los derechos de los ciudadanos.
A los Servicios de Inteligencia, al igual que al resto de la Administración, se les exige eficacia, pero también control y sometimiento a la ley. El secreto es un instrumento de los servicios, no el fin para el que están constituidos y, por supuesto, tampoco un medio para ocultar sus errores. Además del control que ejerza el director dentro del Cesid, el control debe recaer esencialmente en el poder legislativo, y no donde se ha producido de forma principal en España, esto es, en los medios de comunicación.
Los Servicios de Inteligencia pueden y deben ser controlados. Los estudios comparados demuestran cómo fórmulas imaginativas como la neozelandesa, que involucra, además de al Parlamento, a otros organismos de la Administración; eficaces como la canadiense, con un potente comité de control, o incipientes -pero prometedoras- como la británica, que progresivamente va ampliando su campo de actuación, permiten un control bastante adecuado de los Servicios de Inteligencia.
Ante los retos que suponen estas reformas, no puede alegarse sistemáticamente que cualquier cambio supondría problemas de eficacia para el Cesid. Los holandeses han eliminado su servicio exterior, a la espera de analizar su utilidad; los australianos acaban de introducir en el Parlamento una nueva ley de reforma, y suizos e italianos se plantean una nueva estructura sin que la seguridad nacional de estos países se haya visto en entredicho.
Dezcallar tiene ante sí diferentes retos, pero ni sus innegables capacidades personales ni el valor simbólico que representa el hecho de ser el primer civil que ocupa este puesto serán suficientes si el poder político no le suministra un modelo adecuado de inteligencia que pueda hacer funcionar. La designación de un civil como responsable del Cesid no alberga ningún elemento místico; es, sencillamente, una oportunidad para acometer y consensuar entre las fuerzas políticas la actualización de la estructura de la inteligencia española, una estructura que ha venido funcionando en una continua provisionalidad, sin un marco jurídico adecuado y fuera del necesario control del poder político.Desde hace años, el nombramiento de un civil como director del Cesid se ha entendido como el punto de inflexión a partir del cual todos los males del Cesid se resolverían. En la figura de un director civil del Cesid se ha querido simbolizar el fin de una época, de una transición, de la desmilitarización del aparato de inteligencia estatal, largamente esperada. La señal -la designación de un civil- ha llegado y en la agenda del nuevo director esperan cambios que en otras épocas y con otros Gobiernos no se han querido o no se han podido afrontar.
El actual sistema de inteligencia español nació tras un proceso de lucha entre los Ministerios del Interior, Defensa y Exteriores por parcelas de poder, sin un proyecto claro de estructuración. Así, el diseño definitivo se fue posponiendo entre continuos intentos de reforma que fueron bombardeados por unos y otros. La estructura actual está, por lo tanto, viciada por la falta de una articulación eficaz de competencias entre los servicios de la policía y la Guardia Civil y el propio Cesid; el solapamiento que se ha producido con el Ministerio de Asuntos Exteriores y la imposibilidad del despegue de una inteligencia militar conjunta, siempre mediatizada por la acción del Cesid.
El nuevo director tiene ante sí varios retos. Algunos de ellos están fuera de su capacidad de decisión, y será el poder político el que tenga que entregarle las herramientas necesarias, definiendo cuál es el modelo de inteligencia que España necesita para el siglo XXI. Jorge Dezcallar tendrá la tarea de liderar un proceso de reestructuración de los Servicios de Inteligencia que deberá centrarse en varios aspectos.
Por una parte, la estructura de los servicios. El nuevo director necesita que se defina cuál será el marco en el que el Cesid desempeñe sus funciones. Esto supondrá esencialmente decidir si el Cesid debe convertirse en el centro del sistema español de inteligencia o, por el contrario, si será una organización más dentro de la llamada comunidad de inteligencia. Esto supone, entre otros aspectos, decidir quién coordinaría esta comunidad, cuántos servicios existirían o si el sistema de captación de señales -verdadero poder del Cesid- seguiría bajo su exclusiva responsabilidad o estaría bajo la cobertura de una nueva organización, como ocurre en los países anglosajones.
En el interior del Cesid, Dezcallar deberá hacerse con los niveles intermedios del centro, colocando en ellos a civiles de su confianza. Finalizar el proceso de profesionalización de la estructura del centro iniciada con el Estatuto de 1995, disminuyendo el proceso endogámico de reclutamiento y apostando por la inclusión de jóvenes y mujeres con nuevos perfiles y formaciones. Todo esto supondrá forzosamente reducir el número de militares, que en la actualidad suponen la mitad de la plantilla.
Por otra parte, el Cesid debe racionalizar sus misiones. A pesar de la habilidad que el Cesid ha tenido para hacerse con diferentes parcelas de la información, dentro y fuera de España, la situación actual hace inviable este modelo de cuasi-monopolio. Las características de las nuevas amenazas a las que hacen frente los Estados, la necesidad de potenciar la inteligencia económica y la importancia de las fuentes abiertas, como se han apresurado a reconocer los servicios nórdicos, hacen urgente tanto una redefinición de las áreas como de la organización que mejoren la eficacia y la eficiencia del Cesid.
Otra asignatura pendiente es la imagen de los Servicios de Inteligencia. Hasta ahora, los escándalos han sido la principal fuente de relación de los servicios con los ciudadanos. Dezcallar deberá dotar al centro de una política de comunicación que permita transmitir a los ciudadanos la utilidad y la necesidad de sus Servicios de Inteligencia. En la Administración no pueden existir parcelas opacas, ya que el secreto es perfectamente compatible con la explicación de las funciones de los Servicios de Inteligencia.
Finalmente, Dezcallar necesitará un marco legal adecuado para el desarrollo de las misiones del Cesid. Esto supone que el Gobierno indique con claridad a los Servicios de Inteligencia cuáles serán sus objetivos, sin que se dé simplemente por enterado, como ocurrió en el Consejo de Ministros de 1997. Por otra parte, las actividades del centro deberían contar con la cobertura legal necesaria que evite que los agentes del centro deban incumplir la ley en su trabajo. Este control, bien sea judicial o bien sea administrativo, no tiene por qué hacer peligrar el lado operativo de los Servicios de Inteligencia. EE UU, Alemania o Portugal son ejemplos de poderosos y diferentes sistemas de control de aquellas actividades que puedan vulnerar la legalidad y los derechos de los ciudadanos.
A los Servicios de Inteligencia, al igual que al resto de la Administración, se les exige eficacia, pero también control y sometimiento a la ley. El secreto es un instrumento de los servicios, no el fin para el que están constituidos y, por supuesto, tampoco un medio para ocultar sus errores. Además del control que ejerza el director dentro del Cesid, el control debe recaer esencialmente en el poder legislativo, y no donde se ha producido de forma principal en España, esto es, en los medios de comunicación.
Los Servicios de Inteligencia pueden y deben ser controlados. Los estudios comparados demuestran cómo fórmulas imaginativas como la neozelandesa, que involucra, además de al Parlamento, a otros organismos de la Administración; eficaces como la canadiense, con un potente comité de control, o incipientes -pero prometedoras- como la británica, que progresivamente va ampliando su campo de actuación, permiten un control bastante adecuado de los Servicios de Inteligencia.
Ante los retos que suponen estas reformas, no puede alegarse sistemáticamente que cualquier cambio supondría problemas de eficacia para el Cesid. Los holandeses han eliminado su servicio exterior, a la espera de analizar su utilidad; los australianos acaban de introducir en el Parlamento una nueva ley de reforma, y suizos e italianos se plantean una nueva estructura sin que la seguridad nacional de estos países se haya visto en entredicho.
Dezcallar tiene ante sí diferentes retos, pero ni sus innegables capacidades personales ni el valor simbólico que representa el hecho de ser el primer civil que ocupa este puesto serán suficientes si el poder político no le suministra un modelo adecuado de inteligencia que pueda hacer funcionar. La designación de un civil como responsable del Cesid no alberga ningún elemento místico; es, sencillamente, una oportunidad para acometer y consensuar entre las fuerzas políticas la actualización de la estructura de la inteligencia española, una estructura que ha venido funcionando en una continua provisionalidad, sin un marco jurídico adecuado y fuera del necesario control del poder político.
Antonio M. Díaz Fernández es investigador del Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado y ultima su tesis doctoral, Origen, estructura y funciones de los Servicios de Inteligencia en España.
Antonio M. Díaz Fernández es investigador del Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado y ultima su tesis doctoral, Origen, estructura y funciones de los Servicios de Inteligencia en España.
