ETA reta a Ibarretxe

Eta sigue matando precisamente porque desprecia la voluntad mayoritaria de los vascos y no cree en la libertad que reclama para Euskal Herria. Ayer lo demostró por partida doble: asesinó por la mañana, dos horas antes de que el lehendakari Juan José Ibarretxe jurara su cargo para un nuevo mandato de cuatro años, a José Javier Múgica, euskaldún (vascoparlante) de 59 años, padre de tres hijos y concejal de UPN, y a última hora de la tarde, en Leaburu (Guipúzcoa), a Mikel Uribe, un mando destacado de la Ertzaintza, institución central del autogobierno vasco. ETA lanzó así, con este doble acto criminal, un reto brutal no sólo ya al Gobierno de Aznar, sino al de Ibarretxe y al propio Partido Nacionalista Vasco (PNV), además de a toda la sociedad de este país. Ésa es su respuesta a la voluntad democrática expresada por los vascos, el mismo día en que se conoce la composición del nuevo Gobierno de Vitoria.

No es casualidad que la organización terrorista esté pautando con renglones de sangre la agenda política vasca, en general, y la del nuevo lehendakari, en particular. Lo hizo el 5 de mayo, en el ecuador de las elecciones vascas, asesinando en Zaragoza al presidente del PP en Aragón, Manuel Giménez Abad; marcó el cierre de la campaña con el coche bomba colocado en la calle de Goya de Madrid el 11 de mayo; compensó la debacle electoral de Euskal Herritarrok diez días después, matando a tiros a Santiago Oleaga, al director financiero de El Diario Vasco de San Sebastián, e interfirió en el debate de investidura de Ibarretxe, el pasado miércoles, con el coche bomba que mató en la víspera al policía Luis Ortiz de la Rosa en Madrid.

La reiteración de las acciones criminales certifica su propósito de imponerse a la sociedad y de condicionar las decisiones de los ciudadanos y las instituciones sin someterse al contraste de las urnas e ignorando el mensaje que éstas han expresado con la marcada pérdida de voto del partido que representa al mundo abertzale. Pero al mismo tiempo recuerda cuál es la tarea prioritaria que, inexcusablemente, deben abordar los poderes públicos. Como ya hiciera en el Parlamento vasco, antes de jurar su cargo ayer en Gernika, Ibarretxe expresó con claridad su propósito: 'Combatir las barbaridades de ETA con todas nuestras fuerzas'. Una vez nombrado su Gobierno, es imprescindible que las medidas de reestructuración de la Ertzaintza y de coordinación con el Ministerio del Interior anunciadas en la investidura se lleven a cabo con la mayor rapidez y eficacia, y que Interior contribuya a ello con una plena dedicación. Pero a ETA no se le puede combatir sólo con policías, pues su derrota pasa también por desenmascarar y deslegitimar políticamente las excusas que alega para seguir matando.

Esta tarea corresponde muy en primer lugar a los partidos nacionalistas que conforman el Gobierno vasco, y requiere una actitud que se echó en falta en la anterior legislatura, incluso una vez confirmado el regreso de ETA a sus crímenes. Fiel a su estilo, Ibarretxe ha optado por el continuismo respecto a su anterior Gabinete, diseñado para la coyuntura del Pacto de Lizarra y de la tregua. Entre ellos se mantiene el desgastado titular de Interior, Javier Balza. Habrá que ver si este equipo nuevo y viejo a la vez puede adaptarse a una situación distinta, que requiere algo más que los gestos positivos mostrados por el lehendakari.

El programa que éste anunció en el Parlamento pretende hacer compatible la defensa de la libertad y la vida del cada vez mayor número de ciudadanos amenazados con un salto adelante en el autogobierno. El primer y único paso explicitado hasta ahora es la culminación del desarrollo del Estatuto en un plazo perentorio. Aunque sea factible en teoría, simultanear ambos objetivos resulta muy dificil; sobre todo si se pretende articularlo con un diálogo institucional normalizado, al que se ha mostrado dispuesto el presidente Aznar siempre que se sitúe en el marco del ordenamiento político vigente. Gobernar es optar, y la contumacia criminal de ETA muestra, un día sí y otro también, cuál es la tarea prioritaria de las instituciones y los partidos democráticos.