Los sindicatos exigen a Enseñanza el informe jurídico por el que ha denegado los conciertos de este año

El Departamento de Enseñanza convocó ayer a la Comisión Consultiva de Conciertos Educativos -que forman representantes sindicales y de la patronal del sector- para informarles de que ha denegado todas las peticiones de subvención para el próximo curso, a excepción de una de un centro de educación especial de Sant Feliu. Los representantes sindicales, sin embargo, han solicitado un informe jurídico que argumente la decisión para evitar que suceda lo ocurrido el curso pasado, cuando la Generalitat informó a la comisión de que había negado el concierto a seis centros de élite, pero lo concedió posteriormente aceptando un simple recurso de reposición. Estas subvenciones escaparon así al control de la comisión e incluso quedaron fuera de la primera relación oficial de centros concertados.

El secretario general de FETE-UGT, Jaume Graells, pidió a la consejera de Enseñanza, Carme- Laura Gil, que dé explicaciones sobre las irregularidades denunciadas en los conciertos educativos, cuando presida el próximo lunes el Consejo Escolar de Cataluña. La titular de Enseñanza acudirá el martes al Parlament con este fin a petición de todos los partidos. Graells mostró su preocupación por la intención del PP de utilizar este conflicto para modificar la actual legislación. 'El problema no es la ley, que es progresista y garantiza la educación, sino que el Gobierno no la aplica como debe'.

El presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, salió ayer en defensa de la política del Departamento de Enseñanza y denunció la existencia 'desde hace tiempo, de una campaña contra la escuela concertada'. Según Pujol, todas las escuelas que reúnan las condiciones tienen derecho al concierto educativo, 'e incluso lo pueden exigir' legalmente.

Una opinión similar mantuvo ayer el presidente del PP catalán, Alberto Fernández Díaz, que acusó a los partidos de izquierda de querer enfrentar 'de forma artificial' a la escuela pública con la privada concertada. La izquierda, dijo el líder popular, 'quiere aprovechar algunos errores y algunas incógnitas concretas sobre la gestión de la Generalitat en algunos centros privados, cuando son errores y sombras muy concretos que no se pueden extender al conjunto del sistema educativo'.

Desde los centros de élite concertados que han protagonizado la polémica, llegaron ayer las primeras reacciones. La Institución Familiar de Educación, titular de La Farga y La Vall, emitió un comunicado asegurando que estos dos colegios 'cumplen todos los requisitos exigidos por la legislación vigente para acogerse al sistema de conciertos'. La nota reconoce implícitamente que estos centros cobran a las familias en concepto de escolarización, lo que la ley prohíbe taxativamente, al asegurar que 'una plaza en la escuela concertada cuesta a la Administración 280.000 pesetas', dice la nota, 'mientras que en la pública supone un gasto de unas 600.000 pesetas'. En el mismo sentido se pronunció ayer el colegio Viaró, del Opus Dei.