Educación y política
La Generalitat decidió hace unos meses gastarse cerca de de mil millones de pesetas en establecer nuevos conciertos económicos con diversos centros educativos privados. Y lo hizo a pesar de contar con informes contrarios de los propios servicios de inspección educativa. Y lo hizo a través de una suerte de artilugio legal que camuflaba tal decisión denegando primero los conciertos y concediéndolos posteriormente previo recurso de alzada. Y lo hizo aun a sabiendas de que esos centros cobran cifras muy sustanciosas a las familias que llevan a sus hijos o hijas a tales centros. Y lo hizo la consejera Carme-Laura Gil, cuando no se habían atrevido a ello anteriores responsables del tema. Y todo ello lo sabemos, no por un ejercicio de transparencia informativa, sino porque los tribunales han obligado a la consejería a presentar la documentación pertinente a partir de una demanda en tal sentido del sindicato USTEC. A estas alturas, después de excusas y desmentidas, no conviene perder ni un segundo comentando las justificaciones de Artur Mas. Tampoco me interesa discutir si los conciertos eran nuevos o simplemente se renovaban. Ni me gustaría dejarme llevar por el apasionamiento o por la pura opinión, ya que me arriesgo a que la señora Gil me riña por considerar que 'politizo' la cuestión. Hablemos, pues, de conciertos educativos y de política educativa, que me imagino que de eso sí quiere y puede hablar una persona a quien parece disgustarle la política a pesar del cargo que ocupa.
La legislación vigente determina que las autoridades educativas podrán establecer acuerdos con centros privados para que presten los servicios educativos a los que la población tiene derecho (de 6 a 16 años), para que de esta manera complementen la propia oferta de los centros públicos. A ese contrato de prestación de servicios le llamamos concierto. La idea que subyace tras tal normativa es que de esta manera, tal como ocurre en sanidad, los poderes públicos puedan cubrir las necesidades formativas que la ley define como obligatorias para todos los españoles, sea a través de centros públicos (dependientes de los poderes públicos y con empleados públicos), sea a través de centros privados (de titularidad mercantil o social, y con personal contratado), en este último caso vía concierto. Tenemos, pues, una doble red de prestación de enseñanza pública. El concierto se justifica en razón de necesidades de escolarización no cubiertas, en razón de que esos centros atienden a poblaciones escolares desfavorecidas o por su carácter pedagógico experimental. Todo centro concertado tiene la obligación de encuadrar su oferta de plazas y su proceso de matriculación en el que la Administración educativa fija cada año, y no puede, evidentemente, seleccionar a su alumnado ni cobrar cantidad alguna por los estrictos contenidos académicos que imparte. Ahí está una de las diferencias entre subvenciones y conciertos: las subvenciones no implican controles posteriores explícitos, los conciertos están sometidos a inspección, evaluación de resultados y control de procesos.
Desde mi punto de vista (expuesto hace años en el número 263 de Cuadernos de Pedagogía), la pluralidad existente en la educación y sanidad catalanas, con operadores públicos y privados atendiendo los derechos educativos y sanitarios de la población, no es algo repudiable. Al revés, creo que es un valor que preservar. El problema no es la pluralidad, sino la dejación absoluta de responsabilidades de la Administración educativa catalana. No hay una política educativa conjunta para la doble red. La Generalitat se limita a entregar el dinero a los centros concertados; no controla su carácter finalista; hace la vista gorda ante los conocidísimos ejemplos de prematriculación, de reserva de plaza previo pago de cuota, de mensualidades cobradas bajo la tapadera de fundaciones, y la consiguiente y escandalosa selección de alumnado que se realiza, implícita o explícitamente. Tampoco nos puede extrañar todo ello. La derecha siempre ha visto la educación como una palanca de refuerzo y de consolidación de las desigualdades que ellos perciben como naturales. Lo único que pretenden es participar ellos también de los fondos públicos. Que todo el mundo reciba subvención y santas pascuas. El único pequeño detalle es que la ley no habla de subvenciones, habla de conciertos. Habla de plazas públicas prestadas en régimen de concierto, no de centros privados subvencionados.Educación y política no pueden separarse por mucho que la consejera y sus aliados se empeñen. Y de hecho su propia política educativa es un ejemplo flagrante de politización. Controla y hace ver que dirige la red pública, y deja que la red concertada se dedique a hacer lo que quiera. El presidente Pujol insiste en que gracias a los centros concertados la enseñanza pública en Cataluña está plenamente consolidada y garantiza el acceso a toda la población. Estoy de acuerdo. Pero no me parece bien que por debajo de esa realidad fluya un sistema de subvenciones y de repartidora de recursos que convierte todo el montaje en un gran fraude a la ley. ¿Tiene la valentía la consejera de proponer diferenciar concierto y subvención? Si a la Generalitat le sobra dinero o quiere seguir ayudando económicamente a los centros escolares privados, cumplan o no cumplan condiciones, que lo haga y que afronte las consecuencias políticas de sus actos, pero que no mezcle servicio público y reparto de fondos. ¿Por qué no se afronta con claridad la cuestión y se distinguen tres espacios educativos en Cataluña: el espacio público-público, gratuito y prestado por centros y personal público; el espacio público-privado, gratuito y prestado por centros y personal no público y sometido a un adecuado régimen de control, y el espacio privado, no gratuito, con centros y personal privado, y con un monto determinado de subvenciones procedentes del erario público? ¿Qué les da miedo? ¿No será que les molesta hacer transparente y que se discuta a fondo la política de subvenciones ahora camuflada y justificada a través del concierto? Quizá ha llegado la hora de relacionar de verdad educación y política. ¿Podemos discutir la política educativa de la Generalitat para el conjunto de la enseñanza pública, concertada o no, del país? Si no lo hacemos, corremos el riesgo de que se siga haciendo pura política, eso sí, disfrazada de pura educación.
Joan Subirats es catedrático de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Barcelona.
