La Administración y los empresarios acuerdan no poner límite legal a los niveles de ruido en polígonos

El pleno del Comité Económico y Social (CES) se reunió ayer para debatir y dictaminar el anteproyecto de Ley de protección contra la contaminación acústica remitido por la Consejería de Medio Ambiente. Éste señala, en su exposición de motivos, que los estudios realizados sobre contaminación acústica ponen de relieve la existencia de unos niveles de ruido por encima de los límites máximos admisibles por los organismos internacionales, en general y por la Unión Europea en particular. Además, señala que la contaminación acústica es un fenómeno generalizado en todas las zonas urbanas y constituye un 'problema medioambiental importante en la Comunidad Valenciana'.

Aún así, el dictamen aprobado ayer con el apoyo de Administración, empresarios y sindicatos, señala que los límites sonoros en el exterior sólo deberían establecerse para las zonas de uso sanitario, docente, residencial o en aquellas con un grado de protección medioambiental. Todo ello, pese a que el anteproyecto incluye el suelo sanitario, el docente y residencial además del terciario e industrial como susceptible de ser sometido a un límite de ruidos.

Con este punto aprobado, la Administración no sólo manifestó ayer su voluntad de variar uno de los artículos de una ley, sino variarlo para disminuir o, en este caso, eliminar, un límite a la contaminación acústica. Así, en zonas en las que el suelo sea industrial, como los polígonos, o terciario, las empresas no estarán sometidas a ningún tipo de límite para emitir altos niveles sonoros. Los niveles sonoros, tal como indica el propio dictamen del CES, se referirán a los 'niveles reales y directamente medibles a los que estarían expuestos los ciudadanos'.

La supresión de esta permisividad para los polígonos industriales y el suelo terciario ya fue tratada en una de las comisiones celebradas con anterioridad al pleno del CES, órgano consultivo de la Generalitat. UGT trató de que el artículo 12, que aborda ese tema, no variara respecto a las zonas susceptibles de ser controladas. Sus propuestas no fueron oídas por lo que ayer el mismo sindicato presentó una enmienda al dictamen que no fue atendida. En su escrito, UGT indica que el ambiente exterior de las zonas definidas hace referencia a 'espacios de uso público como son aceras, parques y jardines, de forma que cualquier ciudadano puede transitar o permanecer en este espacio público y tiene derecho a estar protegido contra los abusos en los niveles de contaminación acústica'.

Esta enmienda fue rechazada, al igual que una segunda, en este caso de adición, por la que el sindicato solicitaba que la obligatoriedad de elaborar planes acústicos municipales a la que se van a ver sometidos los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes se amplíe a aquellos municipios con más de 10.000 habitantes. UGT basaba su petición en el hecho de que esta cifra es la que marca, habitualmente, el límite entre poblaciones urbanas y semiurbanas.