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CARTAS AL DIRECTOR

Ciudadanos de uniforme

Con profunda preocupación hemos leído en diversos medios de comunicación nacional que el Gobierno, mediante la futura Ley Orgánica de Asociaciones (de la que ya ha anunciado el proyecto), pretende cercenar los derechos fundamentales de los ciudadanos de uniforme prohibiendo a los militares el ejercicio del derecho de asociación.

Como presidente de Ciofas, asociación de ámbito nacional, miembro de pleno derecho de Euromil (organización europea de asociaciones de militares que aglutina a más de medio millón de asociados de 19 países), miembro del Convenio de Asociaciones de Militares de España y Portugal y miembro de la Federación de Asociaciones de Militares de España (FAME), y en representación de todos nuestros asociados, he de manifestar lo siguiente:

1. El artículo 22 de nuestra Constitución garantiza el derecho a la libertad de asociación para todos los ciudadanos, sin excepción; por lo tanto, ninguna norma legal puede prohibir lo que la Constitución permite y ampara.

2. Mientras España avanza en Europa hacia el futuro y nuestros gobernantes se permiten abanderar la defensa de las libertades y derechos de los ciudadanos comunitarios (ratificación de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE), en nuestro país se retrocede y se intenta limitar unos derechos plenamente reconocidos en el Viejo Continente, donde abundante normativa avala el desarrollo del derecho de asociación para los militares desde hace varias décadas.

3. Desde diversos sectores sociales y mediáticos se ha intentado satanizar a las asociaciones de militares presentándolas como sindicatos encubiertos. Nada más lejos de la realidad, ya que la madurez democrática y el escrupuloso respeto a la Constitución, que limita o exceptúa la sindicalización en el seno de las FAS, impiden tal posibilidad.

4. La plena integración social de los ciudadanos de uniforme pasa por el reconocimiento del derecho fundamental de asociación como vía de participación institucional en aquellas decisiones que les afectan.

Al parecer, los ciudadanos españoles de uniforme tendremos que esperar el tren de la historia en las puertas del Tribunal de Estrasburgo.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 9 de julio de 2001