Portugal reformará su Constitución para luchar contra ETA

El ministro portugués de Asuntos Exteriores, Jaime Gama, aseguró este fin de semana en Horta (Azores) durante una cumbre bilateral con su homólogo español, Josep Piqué, que el Gobierno de Lisboa prepara una reforma de la Constitución para apoyar y acelerar el objetivo español de crear un espacio judicial europeo que permita un combate más eficaz contra el terrorismo.

Piqué afirmó que la presidencia española de la UE impulsará decisivamente ese objetivo que consiste en la implantación de la orden de busca y captura europea, la supresión o eliminación de trámites para las extradiciones y el reconocimiento mutuo de sentencias.

Gama aseguró que el Gobierno de Lisboa y el comisario europeo de Justicia, el portugués António Vitorino, 'están cooperando activamente con España' para implantar el mencionado espacio judicial que podría ser alcanzado durante la presidencia española de la UE en el primer semestre del 2002. Piqué agradeció los esfuerzos portugueses para solventar sus dificultades constitucionales en este sentido y precisó que el Gobierno de Madrid 'está coordinando esos avances con la presidencia belga y esperamos darle un empuje decisivo durante la presidencia española'.

Asimismo, Gama explicó que la denegación de residencia en Portugal al supuesto colaborador de ETA José Luis Telletxea Maia está aún pendiente de un nuevo recurso presentado por sus abogados y de un parecer jurídico que está siendo elaborado actualmente con el fin de que el Gobierno de Lisboa adopte una decisión definitiva sobre su estancia o expulsión a un tercer país, una vez que su extradición fue rechazada por las autoridades judiciales en febrero de 1997.

La voluntad portuguesa de colaborar con España en la lucha antiterrorista, pero siempre en el marco de la UE, ha chocado en estos más de cuatro años con una legislación muy garantista (que ha permitido a Telletxea todo tipo de recursos para dilatar su estancia en el país) y una evidente falta de coraje político para expulsarlo por vía administrativa, como prevé la legislación.