¿Ha llegado la hora del matrimonio homosexual?

La izquierda, defendiendo con ahínco la formación de nuevas familias. La derecha, expresando serias reticencias a la posibilidad de que algunas personas se casen. No es ninguna broma, aunque pueda parecerlo. Sucedió la semana pasada tanto en el Parlamento catalán como en el Ayuntamiento de Barcelona. La paradoja, sin embargo, tiene truco: el derecho al matrimonio que se debatió en ambas instituciones es el de las parejas homosexuales.

Coincidiendo con la celebración del Día del Orgullo Gay, el pasado domingo, el movimiento de gays y lesbianas lanzó una nueva campaña para avanzar hacia su normalización: la propuesta de emprender reformas legales para que los homosexuales puedan contraer matrimonio civil exactamente igual que las parejas heterosexuales.

El pistoletazo de salida a la campaña lo dieron dos debates institucionales, en el Parlament y el Ayuntamiento de Barcelona, con mayorías y minorías contrapuestas: la Cámara catalana, donde el bloque formado por Convergència i Unió (CiU) y el Partido Popular (PP) tiene mayoría absoluta, votó en contra de una moción para llevar al Congreso una propuesta en favor del matrimonio homosexual. En cambio, en el Ayuntamiento, donde gobierna la izquierda, se instó a legalizarlo.

La moción aprobada, no obstante, es sólo simbólica: únicamente el Congreso puede llevar a cabo las reformas legales que permitirían las bodas civiles entre gays y entre lesbianas, ya autorizadas en Holanda y Bélgica.

La clave se encuentra en el Código Civil, cuya reforma exige el apoyo de una mayoría cualificada en el Congreso. La reforma que propone la izquierda catalana consiste en retocar tres artículos del apartado que regula el matrimonio. Artículo 44: 'El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio conforme a las disposiciones de este Código'. Artículo 66: 'El marido y la mujer son iguales en derechos y deberes'. Y artículo 67: 'El marido y la mujer deben respetarse y ayudarse mutuamente y actuar en interés de la familia'. En todos estos casos se empezaría con la fórmula 'los cónyuges', que ya se utiliza en otros artículos del Código Civil.

La derecha no puso el grito en el cielo por la petición, sino que respondió con proclamas en favor de los derechos de los homosexuales y alegando razones formales para justificar su postura. En el Ayuntamiento, subrayando que el debate 'sobrepasa los términos de la ciudad'. En el Parlament, sembrando dudas sobre la constitucionalidad de la medida, en razón del artículo 32 de la Constitución, que reza: 'El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica'.

CiU y el PP coincidieron en que, de momento, lo importante es fomentar leyes que regulen las parejas de hecho como la mejor manera de garantizar los derechos de las parejas homosexuales. Cataluña ya aprobó en 1998 la Ley de Uniones Estables de Pareja, que fue la primera en España que reguló las parejas de hecho. Después la siguieron otras comunidades, incluida alguna gobernada por el PP, como la Comunidad Valenciana, lo que provocó la ira de la jerarquía de la Iglesia católica. Pero esto no basta a los homosexuales y el diputado socialista Miquel Iceta, él mismo activista gay, se encargó de recordarlo en el atril del Parlament: '¡Las personas homosexuales deben tener los mismos derechos que los demás!'.