Un contrato de resultados
La Asociación de Defensa del Paciente (Adepa) sostiene que una intervención de cirugía estética es, 'según una sentencia del Tribunal Supremo', un contrato de resultados en el que tiene que haber mejoras siempre. Porque, si no es posible satisfacer la demanda del cliente, el profesional debe decir que no. El problema es que es una especialidad muy comercial y se presta a abusos que a veces caen en la ilegalidad.
Según Adepa, el año pasado en Andalucía se registraron 72 denuncias, el 20% de las 360 que se produjeron en España. Es más, en lo que va de año, estas demandas subieron un 30%. Y eso que, según la organización, no se denuncia ni una cuarta parte de lo que se debería. Dos de cada tres reclamaciones se deben a operaciones de mamas. Del total de las denuncias tramitadas por la asociación de pacientes Adepa, las referidas a cirugía estética suponen un 6%, un porcentaje alto si se tiene en cuenta que esta actividad quirúrgica no supone ni el 1% de los pacientes que entra en un quirófano. Andalucía es la tercera comunidad en número de demandas contra cirujanos plásticos.
Carmen Flores, presidenta de la organización, achaca la situación al intrusismo. Según sus datos, dos de cada tres médicos que trabajan en centros de estética no tienen la especialidad. Además, Flores enumera otras irregularidades: clínicas que no se responsabilizan de los resultados, falta de presupuestos por escrito o inexistencia de facturas.
Por su experiencia, no todos los pacientes denuncian. 'Existe hasta cierta culpa, como que se lo han buscado por operarse por capricho. Como avergonzándose de haber querido estar físicamente bien', comenta.
La asociación de pacientes ha elaborado una serie de consejos para evitar arrepentimientos posteriores: acudir a un centro legalizado, nunca someterse a una intervención fuera de una clínica u hospital, conocer la experiencia del cirujano, pedir por escrito los resultados así como factura y copias de los documentos que se firmen, exigir fotografías de antes y después de la operación, conocer de antemano las consecuencias de un fracaso de la intervención y exigir presupuestos detallados y por escrito.
