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Vecinos advierten al TSJA de la posible ilegalidad del tanatorio de Torremolinos

El Ayuntamiento dice que actúa dentro de sus competencias

El cementerio de San Miguel es el único de la localidad y está ubicado en pleno centro. El conflicto en torno a estas instalaciones data de 1997. Desde entonces hay dos contenciosos ante el TSJA y después de cuatro años, ninguno está resuelto. Los pleitos comenzaron porque ese año el ayuntamiento empezó la ampliación del cementerio en contra de los vecinos, que argumentaban que incumplía el Reglamento de Policía Mortuoria de entonces, que exigía que entre un camposanto y un núcleo de población existieran al menos 500 metros.

Los habitantes de la urbanización La Roca, contigua a la necrópolis, pusieron un contencioso contra el ayuntamiento y lograron que el TSJA suspendiera cautelarmente las obras. La administración sanitaria le dio la razón a los vecinos y denegó repetidamente el proyecto. El consistorio contraatacó entonces con otro contencioso contra la Junta por impedirle la ampliación. Meses después, el ayuntamiento intentó otra salida: un tanatorio; un edificio de servicios, no enterramientos, que volvió a ser rechazado por Salud.

Tras la reciente aprobación del nuevo Reglamento de Policía Mortuoria, que deja más competencias en manos municipales, el consistorio retomó la iniciativa y comenzó el tanatorio. Al día siguiente, los vecinos presentaron un par de escritos ante el TSJA en el que requieren su paralización por entender que podrían estarse cometiendo supuestos delitos de prevaricación y desobediencia, ya que según su interpretación, las obras 'se saltan a la torera' la suspensión cautelar de 1997 por el TSJA y todas las resoluciones denegatorias de Salud. Además, para los vecinos se trata de 'una reforma' del cementerio y por tanto requiere la autorización de Salud (art 37).

La administración sanitaria, que con anterioridad había denegado los proyectos, sostiene que según el nuevo reglamento el ayuntamiento actúa dentro de sus competencias (art.30); el mismo argumento que esgrime el consistorio para defender la legalidad de las obras. La inversión municipal será de 73 millones. El ayuntamiento ya ha advertido que el tanatorio 'no es óbice' para que persista en la ampliación que en su día emprendió en el camposanto. Para IU y PSOE, el ayuntamiento utiliza el nuevo reglamento para 'enmascarar' una obra paralizada por el TSJA y por Salud, actitud que según los socialistas podría 'rozar el fraude de ley'.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 6 de julio de 2001