Puja por la 'herencia' agraria de Rumasa

'Gran finca de regadío y excelente emplazamiento, con plantaciones frutales a plena producción y dotada de una magnífica central hortofrutícola de reciente construcción'. Así vende en Internet la firma Proassets (www.e-proassets.com/fincasexpasa) las bondades de El Carrascal, una de las diez fincas agrícolas públicas procedentes de la expropiación de Rumasa que la Sociedad Estatal de Participaciones Patrimoniales (Grupo SEPI) sacó a subasta hace dos meses. El precio conjunto de salida de las diez explotaciones (nueve en territorio andaluz) es de 6.782 millones de pesetas y ya ha atraído la atención de más de 900 empresas, entidades y particulares.

'Es una operación insólita y no sólo por su envergadura', comenta José Antonio Molina, director de Ingenica, una consultora especializada en ingeniería agroambiental que colabora con Proassets en todo el proceso de subasta de las diez fincas. Una parte de la herencia agraria de José María Ruiz-Mateos, sin embargo, seguirá en Expasa, la empresa pública en la que, en 1998, se unificó la antigua división agrícola de Rumasa, que, al igual que el resto del grupo presidido por el empresario jerezano, fue expropiado por el Gobierno central en 1983.

De la privatización se ha excluido a La Almoraima, una enorme finca adscrita al ICONA, y a Fuente del Suero, una explotación que alberga en Jerez de la Frontera a unos 300 caballos cartujanos del Hierro del Bocado, la principal reserva genética de esta estirpe. Tampoco saldrán a la venta otras seis fincas por diversas dificultades jurídicas con las lindes y las escrituras.

En todo caso, el lote de explotaciones agrarias que se subasta de una vez es inaudito. La Guadianeja (885 hectáreas en Villamanrique, Ciudad Real) y La Blanca (221 hectáreas en Lucena, Córdoba) son dos viñedos de referencia en las denominaciones de origen Mancha y Montilla-Moriles, respectivamente. Y El Carrascal (365 hectáreas en Hornachuelos, Córdoba) y El Oidor (341 hectáreas en Carmona, Sevilla) tienen una notable producción de cultivos de regadío (fundamentalmente frutales) y se dedican sobre todo a la exportación.

'Cuando estas tierras eran de Ruiz-Mateos yo andaba en pañales', relata Fernando Morote, gerente de El Carrascal, tras atender a una comitiva de directivos de Expasa, Proassets, la Sociedad Estatal de Participaciones Patrimoniales y algunos medios de comunicación que ayer visitaron algunas fincas del lote (El Oidor y El Toril que se va a subastar. Por El Carrascal - en los años sesenta, una dehesa propiedad de la familia del torero Manolete-, de salida, 1.380 millones de pesetas, el precio más elevado.

'Estoy convencido de que se va a cubrir toda la oferta', asegura Alberto Araico, director de Proassets, que estima que el precio final conjunto de las fincas superará en un 20% los valores de salida. El procedimiento es sencillo, siempre que se puedan reunir varios cientos de millones. Los interesados deben solicitar los cuadernos de venta antes del próximo 31 de julio, y tras facilitar un documento que garantice su solvencia, podrán visitar la finca, analizar las escrituras y presentar su oferta en un sobre cerrado, una fase que la asesoría espera haber culminado en octubre. La mayor oferta se llevará el gato al agua.

La privatización de este gran lote (3.643 hectáreas en total) es una polémica medida que el Gobierno central decidió hace dos años. El precio del suelo rústico no ha parado de crecer en las dos últimas décadas, lo que ha dificultado aún más el acceso de jornaleros y pequeños agricultores a la propiedad de la tierra. 'No es razonable que proyectos de interés social se queden sin cobertura pública, lo único que busca el PP es la oportunidad de equilibrar las arcas del Estado', expuso el consejero de Agricultura, Paulino Plata, hace una semana. La Junta ha reclamado la transferencia de las fincas o alguna fórmula de pago, pero el Ejecutivo mantendrá la subasta. IU ha pedido al Gobierno andaluz que puje por las explotaciones.

La decisión del Gobierno central también provocó el rechazo de los sindicatos, pero Expasa consiguió cerrar un acuerdo con UGT y CC OO por el que los nuevos dueños tendrán que respetar las condiciones laborales del centenar de trabajadores fijos. 'Es una venta de patrimonio público injustificable, se pierde la oportunidad de que los jornaleros trabajen la tierra de una manera honrosa', lamenta José Fernández, dirigente del Sindicato de Obreros del Campo, que ha reclamado, incluso con ocupaciones, que las fincas pasen a ser gestionadas por cooperativas. 'Sería una manera de evitar que el Gobierno siguiera pagando tantos subsidios en el campo', razona Fernández, quien recuerda que, sólo en enero, el Estado pagó más de 5.500 millones de pesetas a los jornaleros de Sevilla, Cádiz y Córdoba.