Agricultura comunica a la Unión Europea la alerta sanitaria

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Miguel Arias Cañete, admitió ayer que conocía desde hace 'no más de una semana o dos' la existencia de una partida de aceite de orujo de oliva español con residuos de benzopireno, una sustancia que, según los científicos, puede ser peligrosa para la salud humana. Cañete hizo estas declaraciones en Santander, donde acudió a clausurar el curso Factores determinantes del desarrollo agrario y rural en España de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.

El ministro aclaró que la decisión de retirar del mercado todo el aceite de orujo de oliva español la tomó el Ministerio de Sanidad, aunque añadió que en las últimas semanas ha habido 'contacto permanente' entre los dos ministerios responsables.

Cañete anunció que la retirada del aceite de orujo afecta tanto al consumo interno del producto como a su exportación, y aseguró que la medida ha sido notificada a los 15 países de la Unión Europea. De momento sólo ha tomado medidas similares a la adoptada en España un país extracomunitario, la República Checa, donde se detectó la partida española con restos de benzopireno. El ministro contó también que el Gobierno aprobará en los próximos días una norma, 'pionera en la UE', que regulará las cantidades máximas de determinados residuos que puedan darse en todo tipo de aceites y que se generan de forma natural durante su proceso de fabricación.

El titular de Alimentación enmarcó la medida de retirar el aceite de orujo, aproximadamente el 8% del aceite que se produce en España, dentro del 'principio de precaución', que, según Cañete, cuenta en la UE con 'unos márgenes de seguridad amplios'. Recordó que la retirada no afecta a los productos que lleven la denominación de 'aceite de oliva virgen' y 'aceite de oliva'. El ministro espera que con esta medida se pueda volver a garantizar a corto plazo la seguridad alimentaria.

La decisión de retirar el aceite de orujo fue tomada, según el titular de Alimentación, después de que un comité científico consultado por Sanidad decidiera que 'la concentración de determinados residuos podría tener efectos sobre las personas'.