El Supremo reclama a la Eurocámara el suplicatorio de Berlusconi enviado hace un año
El caso Berlusconi relativo al levantamiento de su inmunidad parlamentaria roza el surrealismo. El Tribunal Supremo español ha remitido una carta a la presidenta del Parlamento Europeo, la francesa Nicole Fontaine, reclamándole que, ya que no se tramita el suplicatorio enviado hace un año, al menos se lo devuelva, y asegurando que obligar a tramitar tal suplicatorio a través del Gobierno español es como considerar a la presidencia de la Eurocámara una 'autoridad extranjera'.
La carta, fechada el 18 de junio con membrete del presidente del Tribunal Supremo, cuestiona la tesis establecida por el Consejo de Estado de que debe ser el Gobierno español el que remita los suplicatorios al Parlamento Europeo como si éste fuera una institución extranjera, por lo que pregunta: '¿Puede considerarse la presidencia del Parlamento Europeo una autoridad extranjera para el juez español?'.
Silvio Berlusconi ya no es eurodiputado, una vez que se ha erigido en presidente de Italia. No obstante, su suplicatorio va unido al de su correligionario Marcelo Dell'Utri, que sigue ocupando su escaño. Pero lo más llamativo de este caso es que, a pesar de que el Supremo envió el suplicatorio de ambos en julio del pasado año, éste fue devuelto al Gobierno español a la espera de recibirlo de manos de la 'autoridad competente' y, oficialmente, no ha sido reenviado aún a la Eurocámara y, por tanto, no se ha iniciado trámite alguno.
A pesar de la nueva situación de Berlusconi, los socialistas no quieren dejar morir un asunto en el que apuntan connivencias o, al menos, una política obstrucionista por parte de las fuerzas conservadoras españolas, italianas y europarlamentarias. La carta del Supremo intenta ahora explicar a Fontaine las razones por las cuales este tribunal se dirigió directamente a la Eurocámara. El Supremo considera que 'son los jueces y tribunales de cada Estado miembro los encargados de velar por la correcta aplicación del Derecho Comunitario', a pesar de lo cual acepta la decisión tomada tanto por el Consejo de Estado como por la Eurocámara.
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