El abogado general del Tribunal de la UE afirma que la 'acción de oro' es legal

El magistrado español Dámaso Ruiz-Jarabo, abogado general del Tribunal de Justicia de la UE, emitió ayer un dictamen según el cual la acción de oro, que otorga la capacidad de veto a los Gobiernos en algunas operaciones sobre empresas estratégicas, 'no infringe en sí misma el derecho comunitario'. La acción de oro se aplica en algunos países europeos, entre ellos España. La conclusión del abogado, una figura similar al fiscal en España, es previa a la sentencia que adoptará el tribunal. Ruiz-Jarabo precisa que esta medida 'se puede aplicar si no discrimina a ciudadanos de otros países'.

La opinión del abogado general, que en casi todos los casos suele ser asumida después por el tribunal, supone un precedente de gran relevancia para España, país que, como Portugal, Francia o Bélgica, ahora bajo estudio, también fue denunciado hace un año por la Comisión Europea ante el Tribunal de Luxemburgo por entender que la normativa sobre la acción de oro incumplía la norma europea sobre libre movimiento de capitales. También han sido denunciados el Reino Unido, Holanda e Italia.

El Gobierno español aprobó el mecanismo de la acción de oro, por el que se reserva un cierto control de compañías privatizadas, para poder entorpecer, por ejemplo, la entrada de nuevos accionistas en Telefónica, Indra, Repsol, y Endesa. Hasta el momento, el Ejecutivo español asegura que nunca ha usado ese mecanismo legal, pero sí llegó a amenazar con hacerlo a raíz de la posible entrada de importante capital extranjero en algunas de esas compañías. Fue el caso, por ejemplo, del intento de desembarco de la holandesa KPN en Telefónica, frustrado en mayo de 2000 por el Gobierno español.

Aspecto más problemático Ése es, precisamente, el aspecto más problemático de la norma que destaca el abogado general, al señalar que la acción de oro no puede ser empleada por los Gobiernos para discriminar a ciudadanos o sociedades extranjeros porque, en ese caso, sí sería una regla discriminatoria. Por eso, sí considera ilegal una norma portuguesa de 1990 que fija en cada caso el límite máximo de participación extranjera en una sociedad privatizada. Y ése podría ser el caso de la ley de Acompañamiento del año pasado en España, que fija restricciones de acceso al mercado eléctrico nacional a empresas extranjeras con más de un 3% de capital público.

Por contra, el abogado general considera acorde con el derecho comunitario un decreto-ley portugués de 1993 que exige autorización previa del ministro de Finanzas para la adquirir más de un 10% de sociedades en proceso de privatización.

Asimismo, cree que se ajusta al derecho de la UE un decreto francés de 1993 que creó una acción de oro en la sociedad Elf-Aquitaine, según la cual el ministro de Economía debe autorizar topes máximos de propiedad de la compañía o cesiones de activos de la misma. También considera legal un decreto belga de 1994 por el que se creó otra 'acción específica' (acción de oro) en la Societé Nationale de Transport par Canalisations, por la que el ministro de Energía puede oponerse a la venta de títulos a personas o sociedades si considera que los cambios 'pueden perjudicar a los intereses de Bélgica en el ámbito de la energía'.

En un comunicado difundido por el Tribunal de Luxemburgo, se indica que el abogado general considera que, a la vista del Tratado de la Unión y de las tres normas citadas, 'el Estado conserva la posibilidad de imponer determinados objetivos de política económica, distintos de la búsqueda del máximo beneficio que caracteriza a la actividad privada' y agrega que el abogado estima que los regímenes que crean acciones específicas (acciones de oro) a favor del Estado están comprendidos en el principio de neutralidad'. 'En la medida en que incluyen indistintamente tanto a los nacionales como a los extranjeros, dichos regímenes no infringen en sí mismos el Tratado', agrega. 'Sólo su ejecución concreta', precisa, 'podría infringirlo'. Es decir, si se aplicara de tal forma que no respetara la normativa comunitaria o fuera discriminatoria.

Las conclusiones del abogado general inciden de lleno en el debate abierto en la Comisión Europea sobre la acción de oro, propiciado por la comisaria de Energía Loyola de Palacio, cuyos asesores mantenían ayer que esas conclusiones demuestran que era necesario abrir este debate frente a otros comisarios que mantenían que la acción de oro era ilegal per se.