La Generalitat catalana abrirá 10 oficinas de empleo en el extranjero

La Generalitat de Cataluña abrirá diez oficinas en otros tantos países para contratar inmigrantes, según un proyecto en el que trabajan el Departamento de Trabajo y la Secretaría para la Inmigración. La primera fase del proyecto, que se prevé aprobar a mediados de julio, comprende la creación, a finales de este año, de sendas oficinas en Tánger (Marruecos) y Varsovia (Polonia). Posteriormente, en una fase de tres años, se abrirán ocho oficinas más en Quito (Ecuador), Bucarest (Rumanía), Kiev (Ucrania), Santo Domingo (República Dominicana), Bogotá (Colombia), Lima (Perú), San Petersburgo (Rusia) y Ljubljana (Eslovenia), informa Efe.

El objetivo de estas oficinas será buscar trabajadores con un perfil adecuado a las ofertas de empleo de las empresas catalanas, así como agilizar la tramitación de los permisos de trabajo y de residencia. Según el secretario para la Inmigración, Ángel Miret, las nuevas oficinas 'facilitarán la regulación del tráfico de trabajadores de acuerdo con las necesidades específicas en el mercado de trabajo catalán'.

Miret considera que la implantación de esta red de oficinas no precisa ningún cambio legislativo en materia de competencias autonómicas. 'Si los empresarios ya buscan trabajadores en el extranjero por su cuenta, es obvio que la Generalitat también lo puede hacer', afirmó Miret.

Aunque la red dependerá de momento del Departamento autonómico de Trabajo, la intención del Gobierno catalán es constituir, a medio plazo, un consorcio entre Administración, sindicatos y empresarios que gestione las oficinas.

Por otra parte, en Alcalá de Xivert (Castellón), tres marroquíes fueron detenidos por la Guardia Civil el sábado como presuntos integrantes de un grupo dedicado al transporte ilegal de inmigrantes clandestinos desde Algeciras (Cádiz) hasta Italia. Los arrestados, de entre 25 y 30 años, han pasado a disposición de los juzgados de Vinaròs, informa Europa Press.

Las detenciones se produjeron a raíz de la denuncia de un ciudadano marroquí que contactó con la red de transporte ilegal tras atravesar el estrecho de Gibraltar en patera. El denunciante aceptó pagar 210.000 pesetas por el transporte hacia su destino. Al no poder pagar, fue agredido y encerrado en un domicilio de Alcalá de Xivert, pero pudo escapar y denunciar los hechos.