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Editorial:

Igualdad sexual

Decenas de miles de gay y lesbianas se manifestaron ayer en Madrid y en otras ciudades españolas para exigir un reconocimiento efectivo de su condición, la plena igualdad de derechos civiles y sociales y el acceso a la generalidad de los beneficios del Estado de bienestar. Durante la semana, en otras ciudades del mundo -Nueva York, París, Roma...- hubo manifestaciones del mismo tipo con motivo de la celebración del Día del Orgullo Gay el 28 de junio. En España, como, en general, en las sociedades democráticas, ha sido profundo el cambio de actitud ante la homosexualidad. Pero todavía queda mucho camino por recorrer. Hasta tanto no se llegue a la meta de la equiparación plena de derechos habrá motivos para que cada año los colectivos de gay y lesbianas y los ciudadanos que apoyan activamente su lucha salgan a la calle para denunciar la discriminación ejercida en razón de la orientación sexual del individuo.

Al menos en 70 países del mundo la homosexualida es severamente reprimida, según el último informe de Amnistía Internacional. No sólo se prohíbe cualquier manifestación pública de esta condición, sino que se la persigue penalmente como una conducta antisocial. La homofobia es utilizada incluso en muchos de estos países como arma política contra disidentes y opositores molestos. Es una exigencia de elemental solidaridad que la batalla que se libra en las sociedades democráticas en pro de la igualdad sexual no olvide la situación de estos países, denunciando las políticas intolerantes y represivas que se ejercen contra una parte de sus ciudadanos por su orientación sexual.

En España, la jornada reivindicativa de los colectivos de gay y lesbianas se ha concretado este año en una reclamación: el derecho al matrimonio. En algunos países europeos esta reclamación ya es un hecho. Holanda cuenta con una ley que reconoce el matrimonio entre homosexuales con los mismos derechos que el de los heterosexuales, incluido el de adopción, además de los sucesorios, subsidios o pensiones. Noruega en 1993, Suecia en 1995, Francia en 1999 y Bélgica en el último año han regulado las relaciones de parejas homosexuales de manera análoga a la ley holandesa. Sin embargo, en España, el Gobierno del Partido Popular se resiste a promulgar una legislación de ámbito estatal que oborde esta cuestión, a pesar de los reiterados intentos de la oposición para que lo haga y de la opinión mayoritariamente favorable de la población al matrimonio entre homosexuales.

El Gobierno del PP sigue sin considerar prioriario, a los cinco años de su llegada al poder, cualquier regulación de las uniones afectivas entre parejas de hecho, sean homosexuales o heterosexuales. Mientras tanto, varias comunidades autónomas, alguna de ellas regidas por el PP, como la Comunidad Valenciana, han tomado la delantera al Gobierno y han aprobado una ley sobre parejas de hecho. Pero sólo Navarra y Cataluña han llegado, incluso, a reconocer la 'unión estable homosexual', generadora de derechos de herencia y de pensión. Ello está provocando no sólo una indeseable dispersión legislativa en una materia necesitada de la mayor seguridad jurídica, sino una situación de manifiesta injusticia en un sector social cada vez más amplio que engloba a más de 250.000 parejas de hecho, hetero y homosexuales.

Se comprende cada vez menos la terquedad del Gobierno de PP en pretender regular las variadas formas de convivencia existentes en la sociedad con una ley de uniones civiles que elude el fondo del problema -la relación afectiva- y que se limita simplemente a reconocer las uniones convivenciales, es decir, las que se producen bajo un mismo techo, sea por la razón que sea. Nigún Gobierno, del signo que sea, puede dar la espalda a reinvindicaciones fuertemente incrustradas en la realidad social.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 1 de julio de 2001