Un paso histórico

El Gobierno serbio ha decidido cortar por lo sano al poner a Slobodan Milosevic en un avión a La Haya para que sea juzgado por el tribunal de crímenes de guerra en la antigua Yugoslavia. El envite de los reformistas se ha producido sólo horas después de que el Tribunal Constitucional -dominado por jueces que nombró Milosevic- decidiera suspender un decreto gubernamental de extradición para estudiar su constitucionalidad. Del clima de tensión en que se ha adoptado la medida da idea el hecho de que el presidente Vojislav Kostunica hubiera descartado poco antes que el autócrata serbio pudiera ser enviado ante los jueces antes de la conferencia de donantes que se celebra hoy en Bruselas y de la que Yugoslavia espera obtener más de 1.000 millones de dólares que necesita desesperadamente.

La comparecencia de Milosevic en La Haya tiene una trascendencia histórica. El hombre que mejor ha encarnado en la Europa de finales de siglo el uso del odio étnico como arma política será el primer ex presidente juzgado por crímenes contra la humanidad, asesinato, deportación y violación de las leyes de la guerra en Kosovo. Su presencia en el banquillo levanta definitivamente la veda para personajes tan decisivos en las carnicerías yugoslavas como Radovan Karadzic o Ratko Mladic, ocultos en el santuario serbobosnio, y resultará probablemente clave para desactivar las políticas nacionalistas serbias en Bosnia o Kosovo.

Milosevic se había convertido en la prueba de fuego de la credibilidad de la coalición gobernante, casi un año después de su llegada al poder. Su entrega era la suprema decisión que habían de adoptar los dirigentes serbios para convalidar su propósito de reintegrarse en la comunidad democrática.

La pugna sobre qué hacer se había trasladado al mismo Gabinete, reflejo de una coalición dispar, y enfrentado al primer ministro Zoran Djindjic, partidario de la vía expeditiva, con el cauto y conservador Kostunica. Hasta hace unos días, éste se oponía a la entrega esgrimiendo supuestos prejuicios antiserbios del tribunal internacional, una idea extendida entre muchos de sus conciudadanos, que durante una década han permanecido a espaldas de sus propias atrocidades. Pero el presidente yugoslavo cambió de opinión cuando le fue transmitida la tajante oposición estadounidense a entregar dinero a Belgrado si no colaboraba de lleno con el tribunal creado por la ONU en 1992. Las presiones de Washington a fecha fija han funcionado ahora como lo hicieron con ocasión de la detención de Milosevic.

Los jueces supremos se escudaron ayer en que la Constitución impide la extradición de un ciudadano yugoslavo. Pero en su soberanismo ignoraron que su país es miembro de la ONU y debe acatamiento a la jurisdicción de su tribunal. También pasaron por alto que la naturaleza de los delitos de que se acusa a Milosevic los convierte en crímenes internacionales, independientemente de que hayan sido cometidos en un espacio, Kosovo, que legalmente sigue siendo serbio. Milosevic, además, tiene mucho que decir de lo sucedido en Croacia o Bosnia, ahora países independientes, que también investigan los fiscales de La Haya.

Europa y EE UU deben valorar hoy en Bruselas como se merece el paso dado por Belgrado, impensable hasta hace muy poco. Con Milosevic finalmente ante su destino histórico, la ayuda internacional debe comenzar a llegar generosamente a la destruida Yugoslavia. Al margen de la catarsis que supone para Serbia, la entrega de Milosevic es sobre todo una buena noticia para la humanidad. Viene a confirmar que cada vez quedan menos huecos para la impunidad de los tiranos. Ahora, los jueces tienen la palabra.