Garzón cita a declarar en el 'caso del lino' a dos hijos de un ex alto cargo de Agricultura

El juez señala en el auto notificado a las partes que cita a los hijos de Nicolás López de Coca como imputados "teniendo en cuenta que las preguntas que se les van a formular necesariamente tendrán carácter incriminatorio o al menos así se desprende del escrito de la acusación particular postulante".

La petición del letrado que representa a la Junta de Castilla-La Mancha se produjo después de comprobar que los hijos del citado ex presidente del FEGA figuraban como administradores de dos sociedades con las que posteriormente se constituyó la empresa transformadora Colisur 2000, según informaron fuentes jurídicas a Efe. En abril del año pasado, el Gobierno de Castilla-La Mancha retiró la autorización para transformar lino a Colisur 2000 después de una investigación que, en el caso de esta sociedad, reveló irregularidades contables, consistentes en diferencias entre los libros de existencias y la transformación real de lino.

La Junta de Castilla-La Mancha aseguró que, tras las inspecciones realizadas, no se pudo comprobar físicamente la existencia de la fibra de lino que se reflejaba en los libros de control. Dos meses después, en junio, López de Coca presentó un demanda de protección al honor contra el presidente de Castilla-La Mancha, José Bono, que en septiembre amplió al consejero de Agricultura de esa comunidad, Alejandro Alonso Muñoz, a los que reclamó 30 millones de pesetas por las "imputaciones" que hacían contra su familia.

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En la demanda se indicaba que Bono y el citado consejero relacionaron a los López de Coca con la "trama del lino" a propósito de dos incendios, ocurridos en abril y mayo de 1999 en la sede de Colisur 2000 en Picón (Ciudad Real), sociedad en la que participaban dos de los tres hijos del ex presidente del FEGA. López de Coca indicó entonces que sus hijos "obtuvieron un beneficio por subvenciones de algo más de 23 millones de pesetas durante un periodo de cinco años, y todo ello vigilado, aprobado y autorizado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que durante todo ese tiempo no ha opuesto ninguna objeción".

Baltasar Garzón también ha citado como testigos para los próximos días 24 y 25 de julio al actual director general del FEGA y a varios funcionarios de este organismo, así como a responsables de política agraria de las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Extremadura, cuyas declaraciones, previstas para esta semana, habían sido aplazadas.

Además, ha acordado archivar la causa respecto de Estela Arroyo, Marta Cid y Esperanza Arroyo, administradoras de la transformadora Texar, de Almazán (Soria), al entender que "aparece clara falta de relación con los hechos inicialmente imputados" a las mismas. Por último, ha confirmado el rechazo de la solicitud de 40 agricultores castellano-manchegos de personarse como acusación particular en la causa, y ha emplazado a cada uno de ellos a "justificar el perjuicio real o potencial derivado de la conducta penal para sí mismo y su patrimonio" si quieren ser acusación particular. Los agricultores pretendían actuar contra responsables políticos de la Junta de Castilla-La Mancha ante la existencia de supuestos delitos de prevaricación en conexión con fraude en subvenciones y delito fiscal. El juez afirma que no hay "indicio de responsabilidad penal alguna".