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Editorial:

Estado de la nación

Aparte de la alternativa de Zapatero como líder de la oposición, con una faena que un crítico taurino calificaría de decorosa, el debate sobre política general de estos días apenas ha apuntado algunas de las nubes que empiezan a aparecer en el horizonte de la economía y ha dejado constancia una vez más de las dificultades para recomponer la relación entre el Gobierno y el nacionalismo vasco, un asunto que preocupa especialmente por su incidencia sobre el problema terrorista. El debate culminó ayer con la presentación de casi 150 propuestas de resolución, que el PP administró desde su mayoría absoluta para dar mínimas satisfacciones a sus asociados de CiU y Coalición Canaria y rechazar todas las que firmaban otros grupos.

Como resultado del mano a mano de Zapatero con Aznar queda la duda de hasta qué punto el tono de máxima moderación empleado por el líder socialista no le llevó a abdicar de su responsabilidad como líder de la oposición, al que en un debate de este tipo le toca llevar el peso principal de la crítica al Gobierno. Que las diferencias ideológicas se hayan diluido en buena medida no significa que no existan alternativas a las políticas del PP. Tal vez lo más sorprendente fue que eludiera cualquier mención a su propuesta de reforma del IRPF.

Tampoco se han cumplido las esperanzas de que el debate sirviera para recomponer la relación entre el Gobierno y el nacionalismo vasco. El año pasado, rota la tregua de ETA, Aznar preguntó a Anasagasti, en el debate de investidura, qué más tenía que pasar para que su partido rompiera con Lizarra. Pero también dijo que las relaciones con los nacionalistas no estarían condicionadas por las divergencias ideológicas, sino por el respeto a las reglas de juego y la actitud ante la violencia. Ninguna de estas incógnitas ha quedado despejada en un debate en el que Aznar respondió a los emplazamientos de Anasagasti con el mantenimiento de un compás de espera hasta que Ibarretxe defina su programa de gobierno. Populares y socialistas coincidieron en el rechazo de una propuesta planteada por el PNV para abrir un diálogo con todas las fuerzas parlamentarias, lo que incluiría a Esukal Herritarrok.

El PSOE introdujo entre sus proposiciones una modificación del estatuto del ministerio fiscal para impedir la intervención jerárquica del fiscal general en procedimientos que afecten a miembros del Gobierno. La iniciativa responde a un problema bien real. Es el Gobierno el que nombra y destituye al fiscal general del Estado. ¿No proyecta ello una sombra de duda sobre cualquier intervención del fiscal que involucre a las personas de las que depende su propia permanencia en el cargo? La propuesta del PSOE, al margen del caso que lo inspira, podría dar motivo para una reforma, urgente también por otros motivos, del estatuto del ministerio fiscal, siguiendo las recomendaciones recientes del Grupo de Estados contra la Corrupción del Estado (Greco).

Que el PSOE se abstuviera en la proposición de Izquierda Unida que instaba a Aznar a destituir ya a los ministros Piqué y Matas puede entenderse por razones de coherencia: todavía no han sido imputados formalmente. Seguramente influye también el temor de Zapatero a proyectar la imagen de una oposición como la que protagonizó Aznar contra el último Gobierno de Felipe González; sin embargo, es insólito que el asunto fuera expresamente esquivado por el líder del primer partido de la oposición durante el debate. Aznar y su partido están aplicando al caso de esos ministros, y en particular a Piqué, criterios que contradicen su doctrina del pasado y los que proclaman en su propio código ético. Señalar una contradicción tan clara es algo que en un régimen parlamentario le corresponde al líder de la oposición. El de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, también nuevo en la plaza, le robó el sitio en este lance.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 28 de junio de 2001