El responsable de la 'carretera de la muerte' niega que la señalización de la vía causara los accidentes

El ex jefe de la Demarcación de Carreteras de Andalucía Oriental, durante el período (de 1987 a 1992) en el que la vía entre Granada y Bailén (Jaén) era conocida como la 'carretera de la muerte', Rafael Villar, es el único acusado en el juicio que sobre este caso comenzó ayer en Granada. Se le achaca una supuesa 'inactividad' en el estado y señalización de la vía, que la acusación considera causante de las 60 muertes que se produjeron en ese tiempo. Villar declaró ayer que 'en esa carretera no había nada anormal' y, por tanto, ésta no era la causa de los accidentes.

Rafael Villar se enfrenta a una petición, por parte del fiscal y de las acusaciones particulares de los accidentados y sus familiares, de siete años de cárcel y otros siete de inhabilitación por los supuestos delitos de imprudencia temeraria con resultado de muerte y prevaricación. La defensa pide la libre absolución.

Desde 1987 a 1992, cuando se enmendó la señalización de la carretera para restringir los límites de velocidad y se reparó el firme, en el tramo comprendido entre Iznalloz y Venta de la Nava, se produjeron 240 accidentes, en los que 60 personas murieron, otras 165 resultaron graves y 262 leves. Villar declaró ayer ante el tribunal de la Audiencia Provincial de Granada que estas cifras de accidentes 'no eran significativas respecto a la red de carreteras nacional', por lo que nunca fue catalogado este tramo como punto negro de la vía.

'En esta calzada no había más peligrosidad que en cualquier otra carretera, pero sí había mucho exceso de velocidad por parte de los conductores', declaró el acusado, quien explicó que tiempo después se pusieron carteles de firme deslizante para 'retener a la gente, pero el firme estaba en perfecto estado'.

La acusación sostiene que a pesar del 'pavimento deslizante, el firme en mal estado, las curvas sin visibilidad donde se permite adelantar, arcenes no transitables o peraltes incorrectos', la señalización de la vía permitía una velocidad por encima de la adecuada y, por tanto, 'inducía a error a los usuarios'. Villar negó este extremo al afirmar reiteradamente que 'los peraltes eran correctos', que 'el firme estaba bien' o que el jefe de obras de la carretera 'puso los límites de velocidad en función de lo que establece la ley'.

En todo momento el acusado se declaró ajeno a la responsabilidad de las supuestas irregularidades en la carretera porque afirmó que durante el proceso de la construcción de la carretera era el jefe de obras el que tomaba las decisiones, y a partir de la puesta en funcionamiento de la vía, eran sus subordinados, de los distintos servicios de la Demarcación, los que se encargaban de evaluar el estado de la carretera e informarle a él. Villar aseguró que esos informes nunca planteaban nada extraordinario, a pesar de examinar 'escrupulosamente' los partes de los accidentes. 'Yo tenía que creerles porque eran magníficos profesionales', declaró el acusado, quien manifestó que su 'obsesión' durante todos los años que lleva como funcionario ha sido 'mejorar la seguridad vial en las carreteras'.

Esta prevista para hoy la declaración de una periodista que, tras conocer que se estaban cambiando las líneas continuas, de prohibición para adelantar, por otras discontinuas, hizo una entrevista al acusado en la que supuestamente éste admitía este cambio de señalización y la petición por parte del Gobierno de fondos Feder de financiación europea para la financiación de la vía, que estaban condicionados a que la carretera no tuviera más del 60% de su recorrido con peligrosidad. Villar negó el contenido de esa conversación con la periodista y calificó como 'absurda' la idea de que se cambiaran las líneas por ese motivo. Manifestó que, aunque no lo recordaba bien, 'posiblemente' se cambiaran, pero negó su conocimiento sobre el modo de financiación de la carretera.

Tras la denuncia del juez de paz de Iznalloz que, 'harto de levantar cadáveres' inició este proceso, se cambiaron las señales de adelantamiento y las de limitación de velocidad (de 100 a 80 kilómetros por hora), y se hizo un tratamiento antideslizante del firme, lo que a juicio de la acusación redujo el número de accidentes.