Los partidos del Gobierno balear preparan una querella contra el ministro Matas

La fiscalía de Baleares observa en este caso un delito electoral, otro de falsedad documental y un tercero de malversación de caudales públicos, por lo que ha remitido un informe a la Fiscalía General del Estado en el que solicita que dos de los supuestos implicados en el caso, el ministro Matas y la diputada nacional Rosa Estarás, ex consejera de presidencia del Gobierno balear, declaren ante el Tribunal Supremo por su calidad de aforados.

La presentación de la querella en una causa ya abierta se efectuará esta vez ante el Tribunal Supremo con la pretensión de que se indague a Matas y al conjunto de colaboradores -consejeros, altos cargos y asesores- que fueron los supuestos protagonistas o inductores de la posible trama de compra de votos por correo, emitidos por emigrantes en Argentina, que en 1999 fueron inscritos en la isla de Formentera. De los 74 votos registrados, 72 fueron a parar a la lista electoral vinculada a los intereses de Matas.

El fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, debe decidir si asume el informe incriminatorio de la fiscalía de Baleares, que indica la necesidad de llamar a declarar como imputado ante el Supremo a Matas para investigar su relación con los tres supuestos delitos que se han observado en el caso tras dos años de instrucción judicial. La secretaría técnica de la Fiscalía General del Estado comenzó ayer a analizar el informe.

El PSOE, IU y Els Verds impulsaron la primera denuncia contra autor indeterminado - 'contra quien fuere'- por supuesto fraude electoral cuando se detectó una sospechosa concentración de residentes ausentes que habían pedido votar en Formentera en plena campaña de 1999. El escaño de Formentera ha sido históricamente muy importante para inclinar el Gobierno balear a favor del centroderecha o del centroizquierda.

Ahora se suman a la actuación penal el Partit Socialista de Mallorca y su aliado Entesa Nacionalista i Ecologista de Eivissa i Formentera, según confirmó Damià Cànoves, secretario de organización de los socialistas de Baleares, quien consignó que 'es preciso que no queden lagunas ni personas al margen de la actuación independiente de los tribunales sobre un escándalo que afecta al principio esencial de la democracia como es el voto'. La querella ofrecerá, además, un medio para que los letrados de los partidos del Gobierno puedan personarse en la eventual instrucción en el Supremo.

Además del ministro Matas y de la diputada Estarás, la acusación dirigirá su próximo escrito de inculpación contra el coordinador del PP de Baleares, el ex consejero Juan José Cardona; el diputado regional Pere Rotger, presidente del PP de Mallorca, y el diputado regional y coordinador de organización, Antoni Pastor, que era director general en el Gobierno balear.

Agentes y asesores

La izquierda no ciñe su querella a la cúpula del PP, ya que quiere que se indaguen las eventuales responsabilidades en el operativo de la posible manipulación de inscripciones de votantes y de sus sufragios postales, de los agentes y enviados electorales, así como asesores contratados con fondos del Gobierno, entre ellos el cronista Miquel Segura y su hija Mapau Segura.

La querella se dirigirá asimismo contra distintos funcionarios y colaboradores de Matas, encabezados por su ex jefe de prensa y principal asesor Javier Mato.

Los dirigentes del pacto de izquierda y nacionalista que sustituyó al PP en el poder en Baleares, y que ejercen la acusación contra Matas, reclamaron ayer a Cardenal que no interfiera el desarrollo 'normal' de la causa.

Matas, que se encuentra de viaje en Santo Domingo, República Dominicana, declinó ayer hacer comentarios sobre el caso y únicamente se limitó a decir que respeta la decisión tomada por la fiscalía de Baleares de trasladar las diligencias del caso Formentera al Tribunal Supremo.

En Santo Domingo, el ministro de Medio Ambiente tampoco quiso precisar si el Gobierno va a recurrir la ecotasa aprobada hace dos meses por el Parlamento autónomo balear.