El fiscal pide seis años de cárcel para un empresario por contaminar una laguna declarada reserva mundial de aves

El fiscal pidió ayer seis años de prisión por un delito ecológico, lo máximo previsto por la ley, para un empresario de Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat), acusado de contaminar con los vertidos de su empresa de alimentos para animales la laguna del Remolar, una reserva mundial de aves situada en el delta del río Llobregat, próxima al aeropuerto de Barcelona.

La sección Quinta de la Audiencia de Barcelona juzgó ayer a J. M. G. B, que era administrador único y gerente de la empresa Proteínas y Grasas Gimeno, dedicada a la producción y comercialización de productos alimenticios para toda clase de animales. Según la Fiscalía, la empresa carecía de licencia de la Junta de Saneamiento de la Generalitat para efectuar el vertido de aguas residuales, previa depuración, por lo que califica la actividad industrial de la empresa y los vertidos de 'ilegales y clandestinos'.

La Fiscalía expone en su acusación que la brigada de Medio Ambiente de los Mossos d'Esquadra detectó vertidos en tres ocasiones; en concreto, el 24 de febrero, el 9 de marzo y el 12 de mayo de 1999. En todos los casos citados, según la acusación, los agentes constataron que el agua de un canal que desemboca en la laguna del Remolar contenía gran cantidad de materia orgánica y había dejado el cauce 'en un estado lamentable'. Según los análisis de las muestras recogidas por agentes de los Mossos, los vertidos de la empresa contenían 'elevadísimas concentraciones de cloruros, amonio, aceites y grasas'. Todo ello, añadió ayer el fiscal, causó 'un aumento de la turbiedad del agua y afectó a la fotosíntesis de toda la laguna', además de aumentar la abrasión de los organismos vivos, dificultar el alimento de los que pudieran quedar e incluso modificar el lecho del canal.

La zona que, según la acusación, resultó contaminada está declarada de Especial Protección por la Unión Europea y se considera una reserva de 'importancia mundial' para las aves. Por todo ello, además de los seis años de prisión, el fiscal también pide para el acusado cuatro años y medio de inhabilitación para el ejercicio de actividad industrial, una multa de 10 millones de pesetas y el cierre total de la empresa durante cinco años.

El acusado, que se negó a responder al fiscal, manifestó durante el juicio que la causa de los vertidos fue 'accidental', ya que se produjo 'un fallo técnico' en una turbina que hace funcionar la depuradora. Los peritos de la acusación han asegurado que el vertido era 'muy contaminante', hasta el punto de que 'no es posible que allí viva ningún organismo'.