'La ley universitaria se ha hecho con la vista en el retrovisor'

Francisco Michavila conoce como pocos la Universidad española. Fue secretario del Consejo de Universidades y rector de la Jaume I de Castellón. Es catedrático de Matemática Aplicada y dirige la Cátedra Unesco de Gestión y Política Universitaria de la Politécnica de Madrid. Acaba de publicar La salida del laberinto. Crítica urgente de la Universidad (Editorial Complutense), una recopilación de 49 artículos sobre la Universidad que ha publicado en diversos medios de comunicación en los últimos seis años. Presume de crítico, y no defrauda.

Pregunta. ¿Qué salida del laberinto propone usted?

Respuesta. A mí me gustaría que la salida fuese innovar y parecerse a otros países. Pero estos días estoy descubriendo que hay dos formas de reformar. Una es apostar por la modernidad; la otra, hacer una ley con la vista puesta en el retrovisor, como ha hecho el Gobierno, y plantear en dos semanas una reforma con muchas ocurrencias y muy pocas ideas; mucho ruido y alguna nuez rancia como la recuperación de la reválida, la elección del rector, la habilitación autoritaria del profesorado por parte de los popes de cada área o el exceso de reglamentación.

P. ¿Cuáles son las principales debilidades del sistema actual?

R. En primer lugar, la organización de las universidades es demasiado rígida, tecnocrática y homogénea. Es malo que la Universidad acapare la mayor parte de la enseñanza superior, y no se puede equiparar los estudios profesionales con los científicos, la ciencia de partículas con el turismo, o la ingeniería con el derecho. En segundo lugar, hace falta financiación.

P. Todas las críticas al anteproyecto de la Ley de Universidades hablan de financiación.

R. Porque España sigue a la cola de Europa. Es el país que menos dinero dedica a ayudas a estudiantes. El sistema de becas es antiguo, no discrimina en función de la renta y está poco diversificado. Si se quiere implantar de verdad el distrito abierto, las ayudas a la movilidad son más importantes que la superación de las trabas administrativas. Además, la intervención del poder político sólo se justifica mediante la financiación.

P. ¿Mejorar la formación del profesorado es prioritario?

R. Sí, hace falta un gran esfuerzo pedagógico, algo que el anteproyecto de la ley olvida. Sin ese esfuerzo no sirve de nada la inversión que se ha hecho estos años en infraestructuras, edificios, campus y laboratorios. Para ser un buen profesor no basta con tener un doctorado, esto garantiza conocimientos pero no metodología educativa y capacidad de innovación didáctica. Hoy día quien enseña bien no recibe ningún estímulo.

P. ¿Influye el método de selección del profesorado en la calidad docente?

R. Claro. Lo primero que hay que erradicar es la endogamia, sin olvidar que la propia sociedad es endogámica. Me parece correcto introducir un método de habilitación estatal del profesorado, algo que en Francia hizo la izquierda, pero el método que propone el anteproyecto sólo valora los conocimientos, no los métodos pedagógicos.

P. ¿Qué le parece la selección de alumnos por centro?

R. No está mal que las universidades seleccionen una parte de su alumnado para crear competitividad, como se ha ensayado en Suecia y Alemania, pero sin perder de vista la cooperación. Podría ser que un 60% del cupo de alumnado se atribuyera a las comunidades autónomas y que se dejara un 40% a los centros. Los alumnos dispondrían de dos bolsas a través de las cuales acceder a la universidad.

P. ¿Y la supresión de la selectividad?

R. La selectividad necesita ajustes, pero el Estado no puede prescindir de un sistema de control externo que mida la madurez de los alumnos. Quitar la selectividad no nos iguala a EE UU, Alemania y Francia, porque estos países tienen, al contrario de lo que se ha dicho, una prueba de madurez.

P. ¿No hará eso la reválida?

R. La reválida tiene otro fin. Es una prueba de conocimientos, no de madurez. Además es un mecanismo perfecto para saltarse la igualdad de oportunidades y crear un itinerario educativo al margen de la sociedad que beneficia a la enseñanza privada.