El Gobierno y las Cortes de Aragón ponen en marcha el recurso contra el Plan Hidrológico

Ya está en marcha. El Gobierno de Aragón, integrado por el PSOE y el Partido Aragonés (Par), encargó ayer de manera formal a sus servicios jurídicos que preparen los recursos de inconstitucionalidad contra el Plan Hidrológico Nacional (PHN). Lo decidió en un Consejo de Gobierno extraordinario que también encargó analizar otras acciones jurídicas, 'de acuerdo con el ordenamiento español y comunitario', para frenar el trasvase del Ebro que contempla el PHN. 'No sólo acudiremos al Constitucional', anunció el vicepresidente y portavoz, José Angel Biel, 'sino a todas las instancias que nos permitan las leyes, y entre ellas está Europa'. También el Parlamento autonómico recibió ayer la solicitud de Chunta Aragonesista, para convocar la Junta de Portavoces y estudiar otro recurso al Constitucional.

Además, el Gobierno decidió crear un grupo de trabajo con representación de las Consejerías de Presidencia, Medio Ambiente, Obras Públicas, Agricultura y Economía, 'para denunciar cualquier obra del Plan que contravenga las directivas de hábitats o lugares protegidos'. Gráficamente el vicepresidente Biel definió a este grupo de trabajo como una 'mosca cojonera' o 'tábano testicular' del PHN. 'El equipo, trabajará de forma permanente y exclusiva, se reunirá periódicamente y nos avisará de lo que ocurre'. Juristas, ingenieros y otros técnicos cualificados vigilarán cualquier incumplimiento y poder denunciarlo, porque el recurso del Gobierno de Aragón se va a apoyar en sus conocidos argumentos contra el Plan: medioambientalmente insostenible, rompe la unidad de cuenca, desbarata la ordenación del territorio e hipoteca el futuro de Aragón. Pero además se presentará denuncia o queja en Europa al entender que 'existen evidentes contradicciones entre este Plan' y la directiva europea 2000/60 'que habla del respeto a la naturaleza y a los ecosistemas vinculados al agua'. El Consejo no trató sobre la puesta en marcha, abierta tras la reforma del Constitucional, de la Comisión Estado-Autonomía, necesaria según el presidente Marcelino Iglesias pero prescindible para Biel.