Bruselas investiga 14.500 millones de ayudas públicas a Terra Mítica

La Comisión sospecha que Zaplana favoreció ilegalmente al parque

La Comisión Europea abrió ayer un expediente para determinar la legalidad de las ayudas concedidas por la Generalitat Valenciana al parque temático Terra Mítica, situado en Benidorm (Alicante). La investigación se centra en ayudas por valor de 14.500 millones de pesetas (85,3 millones de euros) y otras ventajas concedidas desde el Gobierno valenciano, como la cesión de terrenos, que podrían haber vulnerado la normativa comunitaria en materia de ayudas de Estado.

La Generalitat participa en el 15% del capital de la sociedad promotora de Terra Mítica, un complejo de ocio que el presidente valenciano Eduardo Zaplana, del PP, considera 'un proyecto emblemático'.

Zaplana se mostró ayer tranquilo ante las sospechas de Bruselas y afirmó en Castellón que la apertura del expediente 'es una buena noticia', convencido de que la investigación despejará cualquier duda sobre la limpieza del proceso. El presidente de la sociedad promotora del parque, Luis Esteban, afirmó que confía en que el expediente 'se archive sin más trámites'.

La investigación formal iniciada ayer, tras cuatro años de estudios preliminares, se centra en cinco puntos. 'Tenemos que examinar si las infraestructuras creadas exclusiva o principalmente para el parque han sido financiadas por la empresa privada titular del mismo', explica un portavoz de la Comisión. Bruselas también quiere comprobar que el valor de los activos transmitidos a Terra Mítica por la empresa pública Parque Temático de Alicante es real; quiere verificar si el préstamo sindicado de 8.120 millones de pesetas avalado por la Generalitat se efectuó en condiciones de mercado y si la Agencia Valenciana de Turismo aportó 5.990 millones a la promotora del parque. Por último, se investiga el descuento del 95% de la tasas de obras concedido por el Ayuntamiento de Benidorm en favor del parque temático, equivalente 83,2 millones de pesetas.

Bruselas también decidió abrir un procedimiento formal de investigación sobre las ayudas a la reestructuración concedidas Minas de Río Tinto. El Gobierno español notificó en enero su intención de conceder un préstamo de 1.000 millones.

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