La defensa de Lara sugiere que sus acusadoras especularon con el terreno

Ana María Cereceda, una de las hermanas que impulsaron la acusación contra Lara, el gerente de la empresa pública Sogefinsa (actual Giasa) y uno de su letrados de la entidad, negó ayer, en su declaración ante el tribunal, que tanto ella como su hermana conocieran que la carretera que se iba a construir para acceder a Sierra Nevada en 1993 fuera a pasar por sus terrenos cuando ellas decidieron comprarlos (en 1990).

Tanto la acusación particular como el ministerio fiscal sostienen que los acusados idearon una 'argucia legal' para eludir el cumplimiento de una sentencia por la que se obligaba a la Delegación a devolver los terrenos ocupados por la carretera sin haber sido expropiados previamente. En lugar de indemnizar a las propietarias (pues al estar construida la vía era imposible la devolución), en las mismas fechas en que se produjo esa resolución judicial, el delegado ordenó una ampliación del expediente de expropiación forzosa en el que se incluían los 4.689 metros cuadrados de las hermanas Cereceda.

Los procesados están acusados de eludir el cumplimiento de la sentencia a favor de las propietarias por medio de esta segunda expropiación. Pero tanto el delegado de Obras Públicas como Francisco Gestoso (el gerente de Sogefinsa) y el letrado Carlos González declararon que el proceso no fue irregular, pues a su entender era la única forma de 'legalizar la carretera de Sierra Nevada', que ocupaba terrenos que no eran de propiedad de la Junta.

Lara declaró el martes que cuando inició ese segundo expediente de expropiación no conocía la sentencia de la Audiencia de Granada en la que se le daban tres meses de plazo para devolver los terrenos o, en su defecto, otorgar una indemnización.

El encargado del servicio de Expropiaciones de la Delegación ratificó ayer ante el juez que él 'informó favorablemente' a Lara de la adjudicación forzosa de la finca, pues era una forma de normalizar la situación. Sin embargo, declaró, al contrario del delegado, que él sí conocía la sentencia judicial. Uno de los abogados de los servicios jurídicos de la Junta (que participa en el juicio como parte de la defensa) afirmó, a pregunta del fiscal, que él mismo remitió la sentencia al delegado en octubre de 1996, mientras que Lara aseguró que se había enterado de ella meses después.

Los acusados aseguraron que antes de la expropiación de los terrenos se intentó negociar con las propietarias. La propia acusadora que compareció como testigo admitió que en las primeras negociaciones antes de la construcción de la carretera ellas habían pedido el pago de 2.000 pesetas por metro cuadrado y la Delegación les ofrecía 50 pesetas. Cereceda aseguró que pretendían construir allí una casa, a pesar de ser terreno rústico.