El PSOE llevará a los tribunales los acuerdos de las cajas sevillanas 'por incumplir la ley'

'Los días de Beneroso y Benjumea al frente de las cajas están contados', afirmó la vicesecretaria general del PSOE andaluz, María del Mar Moreno. La apertura de expediente sancionador (que puede acabar en expulsión) y la suspensión de militancia afectará en San Fernando al presidente y al secretario del Consejo de Administración, José Antonio Parra, que fue el único de los vocales socialistas que apoyó las tesis de Benjumea. En El Monte, cuyo Consejo rechazó ayer por 13 votos a 4 reactivar el proceso electoral, las medidas disciplinaras se extenderán hoy al presidente y a uno de los vicepresidentes, Rafael Serrano, también militante socialista.

La comisión ejecutiva regional del PSOE decidió ayer 'utilizar todos los mecanismos a su alcance para garantizar el cumplimiento de la ley' ante la contumacia con la que los presidentes de las cajas sevillanas han ignorado los requerimientos de la Junta. Los socialistas abandonan así cualquier intento de solución pactada al conflicto con Beneroso y López Benjumea y abren 'la batalla jurídica'.

El conflicto entre Junta y cajas tiene dos vertientes: renovación y fusión. La primera afecta a todas las entidades andaluzas desde que se aprobó la nueva Ley de Cajas autonómica y los procesos electorales se han iniciado ya en Unicaja, Caja Jaén y La General de Granada.Las cajas sevillanas han decidido fusionarse pero sin renovar antes sus cargos directivos. Beneroso y Benjumea sostienen que la fusión paraliza las elecciones, mientras que el Ejecutivo andaluz, apoyado en un dictamen de su órgano asesor en materia jurídica, el Consejo Consultivo, exige que se reactive la renovación.

'No pasarán a la historia como los presidentes que impulsaron AlCaja [la entidad fusio-nada], sino sólo por agarrarse al sillón', afirmó la vicesecretaria regional del PSOE. Los consejeros socialistas en El Monte y Caja San Fernando abrirán fuego en la 'batalla jurídica': impugnarán ante tribunales de primera instancia los últimos acuerdos de los consejos de administración de las cajas sevillanas, en los que se rechazó reactivar la renovación de cargos.

Los socialistas también prevén obstáculos jurídicos a la vía alternativa que acordaron ayer para forzar la salida de los presidentes de las cajas sevillanas. López Benjumea y Beneroso son miembros de los órganos de gobierno de San Fernando y El Monte por designación de la Diputación de Sevilla y del Ayuntamiento de Camas (Sevilla), respectivamente Ambas corporaciones están controladas por el PSOE, que promoverá su sustitución. Los socialistas se apoyan aquí en una reciente sentencia que avala los cambios realizados por los ayuntamientos de Córdoba y Linares (Jaén) de dos de sus representantes en La General de Granada.

En todo caso, el proyecto de fusión que defienden Beneroso y López Benjumea llega intacto a las asambleas de ambas entidades, que deben refrendar hoy la unión de las cajas con una mayoría de dos tercios. En Caja San Fernando, los representantes socialistas podrían tener peso suficiente para bloquear la propuesta. Moreno indicó ayer que el PSOE sólo 'apoyará una fusión que respete la ley' y eludió concretar que fórmula adoptará su partido.

Si las asambleas respaldan los proyectos de los presidentes, el acuerdo de fusión deberá ser autorizado por la Junta, que ya ha anunciado que exigirá que la renovación de cargos se finalice para dar luz verde a la operación. El consejero andaluz de la Presidencia, Gaspar Zarrías aseguró ayer que el Ejecutivo también analizará los últimos acuerdos de los consejos de administración para concretar las responsabilidades de los los consejeros de las entidades y abrir un proceso sancionador, informa Isabel Pedrote.

Zarrías recordó que la normativa andaluza considera 'infracción muy grave' el incumplimiento de los requerimientos de la Consejería de Economía a las cajas para garantizar los plazos en los procesos electorales internos. Las sanciones pueden ir desde una multa a las cajas de hasta el 1% de sus recursos propios a otra multa a cada consejero por un importe no superior a diez millones de pesetas, además de la suspensión del cargo e inhabilitación durante diez años.