La futura ley del territorio salva el litoral temporalmente

El articulado de la norma establece que la costa, por estar sometida a una fuerte presión urbanística, ha de ordenarse para asegurar 'la racional utilización del litoral, armonizando su conservación con los restantes usos, especialmente con los de ocio, residencia y turismo'. Y puntualiza que 'la ocupación urbanística del litoral evitará la formación de continuos urbanizados de viviendas y alojamientos de temporada entre municipios costeros'. Pero no articula la necesidad de frenar de una vez por todas el crecimiento urbano en la costa, ni prohíbe taxativamente reclasificar suelo no urbanizable en urbanizable en la franja más próxima al Mediterráneo.

Y por supuesto, ni siquiera aconseja revertir planeamientos de ayuntamientos excesivamente voraces que ya han hecho sus reservas de suelo en estas zonas, que todavía se conservan relativamente vírgenes pero ya están condenadas al cemento. Por tanto, la disposición transitoria cuarta del anteproyecto sólo supone una moratoria, ya que el plan estratégico del litoral será el que condene definitivamente estos enclaves o los salve. De momento, la Consejería de Obras Públicas, que dirige José Ramón García Antón, deja entrever su voluntad conservadora al disponer también de forma transitoria que los planes en los suelos clasificados como urbanizables en la franja de 500 metros deberán ubicar las zonas verdes y los espacios libre en la primera línea de actuación más próxima a la costa.

En cuanto a la huerta valenciana, la disposición transitoria quinta también decreta una moratoria, por lo que habrá que esperar a la redacción del Plan de Acción Territorial de la Huerta Valenciana para ver cómo se protege, en línea con el reciente dictamen del Consell Valencià de Cultura que recomendaba a la Generalitat preservar un espacio tan singular, o para saber qué rendijas se dejan para que los urbanizadores la ocupen.

García Antón ha elaborado una ley que intenta, según explica, corregir algunos desequilibrios graves de la ocupación del territorio detectados a lo largo de los últimos años. Para ello, la ley instrumenta la necesidad de elaborar un Modelo Territorial de la Comunidad Valenciana, que marcará las directrices de los crecimientos futuros, la instalación de infraestructuras, los polos de desarrollo industrial y las vocaciones turísticas de las distintas áreas valencianas.

Esta herramienta se complementa con otros planes estratégicos de carácter supramunicipal, relativos a zonas concretas, problemas específicos o actividades singulares. El primero de ellos ya está aprobado y es el Plan de Acción Territorial sobre el Riesgo de Inundaciones (Patricova). Y hay otros en marcha, como los del litoral y la huerta valenciana. No menos importantes serán el Plan de Acción Territorial Integral del Sistema Rural, para recuperar y revitalizar las zonas despobladas, o el plan sectorial sobre Recursos Mineros, para ordenar el aprovechamiento sostenible de esta actividad.

Juntos a estos proyectos, el Consell también está elaborando estudios estratégicos para zonas urbanas muy concretas, como el plan para el entorno metropolitano de Alicante y Elche (Patemae), el de Castellón (Patecas), Valencia (Pateval), Alcoy-Cocentaina, Ontinyent, Requena, Elda-Petrer... Para el consejero, estos planes de carácter supramunicipal supondrán implicar a los ayuntamientos afectados de cada zona en la elaboración de un modelo de crecimiento común en el que, por ejemplo no se confronten áreas residenciales de calidad de una localidad con zonas industriales o vertederos del municipio vecino. Las reservas de suelo para infraestructuras de transportes o los polos industriales también quedarán reflejados en estos planes estratégicos.

No queda claro si los planes estratégicos que ya se están elaborando tendrán que adaptarse en el futuro a las directrices del Modelo Territorial, todavía en fase de definición, o si será éste el que se conforme con lo que ya hayan dictaminado los planes menores.

La norma, que llegará a las Cortes en otoño, crea además un Observatorio Permanente del Territorio para detectar, mediante unos indicadores de diagnóstico y seguimiento, cambios en las necesidades territoriales, riesgos potenciales, grados de ocupación de las distintas actividades o nuevas vocaciones del suelo.