La Maison de la Catalogne se creó de forma irregular en el Consorcio de Turismo

El representante de la Sindicatura de Cuentas, Marià Nicolàs, respondió ayer a preguntas del diputado de Iniciativa per Catalunya, José Luis López Bulla, que 'la decisión de crear la Maison de la Catalogne fue tomada por el presidente del comité ejecutivo del Consorcio de Promoción Turística de Cataluña, excediéndose en sus funciones'.

El presidente del comité ejecutivo del consorcio cuando se decidió abrir el restaurante-oficina turística en pleno centro de París era Josep Cortadellas, actualmente delegado de Industria, Comercio y Turismo en Girona. La Maison de la Catalogne fue considerada emblemática por el propio presidente de la Generalitat, quien la consideró una 'embajada cultural y gastronómica de Cataluña'.

La inversión en la Maison asciende a cerca de 800 millones de pesetas en la actualidad, después de que la Generalitat haya tenido que comprar el fondo de comercio de la empresa que la gestionaba bajo contrato de explotación. Esta empresa presentó suspensión de pagos, tanto en París como en Barcelona.

La respuesta del síndico Nicolàs se produjo tras un rifirrafe con López Bulla, que llevó al diputado a cuestionar el conocimiento que el síndico tenía del informe remitido por la Sindicatura al Parlament sobre el consorcio. Este informe terminaba argumentado que en caso de demostrarse dolo o mala fe por parte de los gestores del consorcio público, se debería proceder a llevar el asunto a los tribunales.

La financiación socialista

La comisión parlamentaria aprobó una proposición no de ley para que la Sindicatura fiscalice los contratos suscritos por el Ayuntamiento de Barcelona con el grupo Movilma entre 1986 y 1996, cuando Pasqual Maragall ocupaba la alcaldía de Barcelona. El diputado Martí Carniser lamentó 'la intención política clara' de atacar a Maragall y recordó que el caso Movilma está judicialmente 'resuelto'. A pesar de ello, los socialistas votaron a favor de la propuesta de investigación para demostrar que 'no tenemos nada que esconder desde el punto de vista de la gestión del Ayuntamiento de Barcelona'.

La comisión de la Sindicatura debatió un informe de la Sindicatura sobre los gastos electorales de los últimos comicios autonómicos, en los que el PSC superó el límite permitido en 347 millones de pesetas. El PP propuso trasladar este asunto a la instancia superior del Tribunal de Cuentas en Madrid.