Los Mossos d'Esquadra llevan ante el juez a tres ganaderos acusados de propagar la peste

La peste porcina se extiende por la provincia de Lleida. A falta de la confirmación de los análisis oficiales, ayer se supo que tres nuevas granjas situadas en Mollerussa, Les Penelles y Golmés podrían estar afectadas. De esta forma ya son seis las explotaciones infectadas desde que la semana pasada reapareció este brote, que ya tiene cinco focos que además de los tres municipios citados afectan a los de Soses y Vilanova de l'Aguda.

La segunda explotación afectada por la peste en Golmés, donde se detectó el primer foco, es una granja de 1.300 cerdos, mientras que la granja de Mollerussa tiene 1.685 cabezas. Si los análisis dan positivo se sacrificarán inmediatamente todos los cerdos afectados. Desde la aparición del brote se han matado unos 15.000 cerdos y antes del próximo jueves se sacrificarán otros 10.000 para evitar que la enfermedad se propague. En total, el número de animales inmovilizados en el área de vigilancia es de 500.000.

La Generalitat ha reconocido que los veterinarios del Departamento de Agricultura están haciendo un seguimiento para descubrir si algunas empresas han escondido la existencia de la enfermedad. Por ese motivo se han desenterrado cerdos fallecidos hace un mes para descubrir si ya tenían la peste. Mientras tanto, el grupo ecologista Ipcena acusa a Medio Ambiente de no cumplir la normativa vigente en el sacrificio de los animales infectados.

Los Mossos d'Esquadra tienen previsto denunciar hoy en el juzgado de guardia de Lleida a tres empresarios del sector porcino de la provincia acusados de importar cerdos de manera ilegal y favorecer así la propagación de la peste, según indicaron ayer portavoces de la policía autonómica. Las tres granjas denunciadas corresponden a las explotaciones en las que la semana pasada se detectó el nuevo brote de peste. Los empresarios implicados son: Amadeu Roig, responsable de la sociedad Popcarn, en Soses; Sebastià Bonjoc, propietario de la empresa Piensos Gatnau, en Golmés, y Jaume Besora, dueño de Piensos Picber, una granja de Vilanova de l'Aguda.

Agentes de la policía autonómica e inspectores del Departamento de Agricultura de la Generalitat acudieron ayer a dos de esas granjas y requirieron de esos empresarios numerosa documentación relativa a los animales, que se empezó a analizar poco después como una prueba para fundamentar la denuncia judicial.

Fuentes policiales explicaron ayer que es muy probable que los tres empresarios sean acusados de un delito de daños y de otro falsificación en documento público por alterar las guías sanitarias de los cerdos, el documento que recoge su lugar de nacimiento, las granjas por las que pasa, las vacunas recibidas y otros datos. Tampoco se descarta que pueda formularse la acusación de un delito contra la salud pública.

La policía autonómica ha declinado llamar a declarar a esos tres empresarios al considerar que es preferible que lo haga el juez, si finalmente acuerda la apertura de diligencias tras la denuncia. Los investigadores no han encontrado pruebas que permitan afirmar que estos empresarios escondieron a la Administración que se había declarado la peste porcina en sus explotaciones 15 días antes de que se hiciera público. Esta hipótesis, según los Mossos d'Esquadra, es un simple rumor que en los últimos días ha circulado entre los empresarios.

Procedencia del Este Los Mossos consideran que estas tres empresas importaron los lechones de manera ilegal, posiblemente de un país del Este, para lo cual habrían alterado las guías sanitarias con el fin de no dejar rastros sobre la procedencia de los animales. Fuentes veterinarias reconocieron ayer que no resulta difícil importar ganado extracomunitario porque los controles en la frontera no son rigurosos.

Mientras tanto, la Generalitat ha anunciado que pagará las indemnizaciones que sean necesarias, pero que no asumirán las irresponsabilidades del sector. Por este motivo, el Ejecutivo catalán aprobará en los próximos días un crédito extraordinario de 500 millones de pesetas para compensar a los ganaderos afectados.

Por su parte, el consejero Josep Grau solicitó ayer comparecer ante la comisión de Agricultura del Parlament para informar sobre la evolución de la peste y tranquilizar en lo posible al sector ganadero.

Grau declinó ayer en Tortosa (Baix Ebre) pronunciarse sobre las causas concretas del brote de peste y reclamó paciencia hasta que se hagan públicos los informes del Ministerio de Agricultura, informa Jordi Marsal. 'Tenemos a todo el ejército en la calle trabanjando', explicó, 'pero no sabemos contra qué enemigo luchamos', dijo refiriéndose al alcance de la peste porcina clásica. Del mismo modo, Grau restó validez a la 'especulación' de que unos caballos importados de Rumanía que se hallaron en la granja de Golmés hubieran sido el origen de la enfermedad.

Mientras tanto, la diputada del PSC por Lleida Teresa Cunillera formulará esta tarde una pregunta al Gobierno en la sesión de control parlamentario sobre las medidas que piensa adoptar o ha adoptado el Ejecutivo para hacer frente al brote.

Un total de 11 comunidades autónomas ya han adoptado medidas para evitar que se extienda la enfermedad, mientras que hasta ahora el Gobierno sólo ha dictado una orden ministerial por la que se prohíbe el movimiento de animales en Cataluña, Huesca y Castellón.