Lara declara que la expropiación de terrenos se hizo para legalizar la carretera de Sierra Nevada

El delegado, que ocupa este cargo desde 1990, el gerente de Sogefinsa (la empresa de la Junta que se encargó de las obras de la carretera) y el abogado de esta entidad, están acusados de incumplir una sentencia de la Audiencia de Granada por la que se les obliga a devolver los terrenos ocupados por la nueva vía sin haber sido expropiados previamente. Dado que la carretera ya estaba construida, la solución habría sido una indemnización a las dos hermanas propietarias, que no se produjo, pues la Delegación ejecutó en las mismas fechas del proceso legal una segunda expropiación forzosa en la que sí se incluía el suelo en cuestión.

El fiscal pide tres años de cárcel y ocho de inhabilitación para el delegado de Obras Públicas, mientras que para Francisco Gestoso (gerente de Sogefinsa) y Carlos González (abogado) se requieren ocho años de inhabilitación para ocupar cargo público.

Al comienzo del juicio, la acusación particular, con el apoyo del fiscal, pidió la suspensión del proceso penal hasta que se resuelva el litigio contencioso por la misma causa. El tribunal decidió rechazar esta propuesta al considerar que 'tiene plena jurisdicción' para juzgar este caso. La defensa argumentó, en su oposición para suspender el juicio, que si la acusación no tiene claro que se pueda demostrar el delito de forma 'evidente' (como exige la legislación penal) 'debe desistir de sus acusaciones' en lugar de 'intentar dilatar el procedimiento'.

Lara declaró ante el tribunal que cuando conoció la 'situación de ilegalidad' en la que se encontraba la carretera, que se construyó en 1993 con motivo de la celebración de los mundiales de esquí de Sierra Nevada de 1995, intentó un acuerdo con las propietarias mediante la citación a una reunión 'a la que no acudieron'. Sólo unos días después propuso la ampliación del proceso de expropiación forzosa de los terrenos invadidos por la carretera para disponer del 'suelo ocupado más de la cuenta'.

El delegado reiteró durante el juicio que, aunque la sentencia que obliga a la indemnización de las propietarias se hizo pública en los mismos días de octubre de 1996, él no conoció el contenido de esa resolución judicial hasta 'mucho después de ejecutar la expropiación', porque aseguró que esa sentencia se remitió directamente a los servicios jurídicos de la Consejería.

Para tomar la decisión de esa segunda expropiación, Lara recibió el asesoramiento, por escrito, del gerente de Sogefinsa y del letrado de la empresa, a través de un informe elaborado por él, en el que se argumenta que la fórmula de la expropiación serviría para evitar la ejecución de la resolución judicial, que estaban obligados a respetar. El delegado aseguró que también se dirigió a distintos asesores jurídicos de la Consejería y que todos ellos se pronunciaron de forma similar al contenido del informe de Carlos González. Es decir, todos confirmaron que era la mejor solución para dar legalidad a la carretera. Lara declaró que el 'alto precio' que las hermanas exigían por cada metro cuadrado de terreno hizo imposible llegar a un acuerdo inicial de compra.

El escrito de la acusación pública indicaba que el delegado puso en marcha una 'argucia aparentemente legal' para imposibilitar que la administración tuviera que indemnizar a las propietarias en virtud de la sentencia judicial.