Las autoridades inmovilizan 500.000 cerdos para evitar el contagio del brote de peste

Las autoridades ordenaron ayer la inmovilización de medio millón de lechones en Cataluña. La inmovilización de animales, propuesta por el comité de crisis de la peste porcina clásica, cuenta con el apoyo unánime de los representantes del sector porcino. El virus de la peste porcina clásica es de muy fácil propagación y puede transmitirse, sólo entre animales, a través de las moscas, los roedores o los jabalíes e incluso ir en un bocadillo de jamón.

Mientras tanto, la Lonja de Mercolleida, donde se fija el precio de la carne de porcino, espera a ver cómo evoluciona la situación para decidir las cotizaciones del cerdo y los lechones. Algunos temen que la crisis, aunque la peste no afecte a los humanos, acabará haciendo caer los precios en los mercados.

El presidente de la Federación de Carniceros y Tocineros de Cataluña, Joan Estapé, explicó que la peste porcina clásica (PPC) 'no afectará al consumidor español' porque todos los implicados en el proceso 'asumirán el incremento del precio'. Estapé dijo a Europa Press que 'esta semana el precio de canal se ha incrementado en cinco pesetas', pero esta subida 'no tendrá su símil en el consumidor porque el incremento lo asumirán el matadero y el detallista'.

A juicio del presidente de la Federación de Carniceros y Tocineros de Cataluña, las medidas aplicadas para erradicar la enfermedad son 'correctas. Creo que el consumidor ha de estar tranquilo porque no se prevé ninguna crisis', aseguró. Según Estapé, 'la experiencia de otras situaciones similares comportan que el sector esté en alerta porque Cataluña es una de las zonas que más exporta al exterior; por esta razón, se hará todo lo posible para descubrir de dónde viene el problema y buscar soluciones conjuntas'.

Pujanza del sector

Entretanto, cientos de familias de las comarcas de Lleida están pendientes de cualquier información, oficial, oficiosa o un simple rumor respecto a la peste porcina clásica ante el temor de que se repita la epidemia que diezmó la cabaña porcina leridana en 1997. Aún no se conoce de dónde ha venido el virus de la peste porcina, pero muchos temen que la epidemia se extienda.

La dedicación de la provincia de Lleida al negocio del porcino es patente. En los alrededores del foco detectado en Soses hay 42 fincas con 5.823 reproductores y alrededor de 38.000 cerdos de engorde. En los 10 kilómetros del perímetro de vigilancia de la misma granja hay otras 185 explotaciones, que tienen 21.914 reproductoras y 129.927 animales de engorde.

Uno de los ganaderos que tiene a sus cerdos inmovilizados como medida preventiva explicó ayer: 'Los focos en los que se ha detectado el virus no tienen ninguna conexión entre sí, son de diferentes empresas y se han comprado en puntos de origen distintos, por lo que no hay ninguna explicación lógica a lo que está ocurriendo y la Administración debe averiguar ya de dónde procede la peste'.

Los veterinarios de la Generalitat siguen inspeccionando en silencio para no levantar falsas sospechas. Pero quien ya tiene previsto emprender acciones judiciales es la organización ecologista Institut de Ponent per a la Conservació de l'Entorn Natural (Ipcena). Un portavoz de esta entidad señaló la presentación de una querella contra los departamentos de Agricultura y de Medio Ambiente por un presunto delito de prevaricación y otro contra el medio ambiente.

Los ecologistas, al igual que hicieron durante la epidemia de peste de 1997, denuncian que la Administración autonómica incumple su propia normativa sobre el modo de eliminar los animales sacrificados. Éstos deben ser incinerados o bien cubiertos con cal para evitar que contaminen o provoquen infecciones. Los ecologistas aseguran que las zanjas en las que se están enterrando los cerdos sacrificados no reúnen las necesarias condiciones de seguridad y de higiene.

Anulación de pedidos

La psicosis de la peste porcina clásica ha producido ya una reducción de las exportaciones catalanas de carne de cerdo y productos derivados. La organización Joves Agricultors i Ramaderes de Catalunya (JARC) aseguró ayer que varias empresas ubicadas en Francia, Portugal, Alemania y Reino Unido han anulado los pedidos de estos productos que habían efectuado a algunas industrias cárnicas catalanas.