Memoria de un genocidio

Hay que agradecer a EL PAÍS que mantenga viva la atención sobre las graves violaciones de los derechos humanos en muchas partes del mundo y sobre los esfuerzos que se hacen desde distintos sectores de la comunidad internacional para hacer frente a tales atrocidades y para luchar contra la impunidad de aquellos que cometen esas fechorías. Por eso es de elogiar su editorial 'Memoria de un genocidio' (11 de junio de 2001) consagrado al reciente juicio de cuatro ciudadanos ruandeses ante un tribunal belga, el primero en que un jurado popular ha emitido un veredicto de culpabilidad por una acusación de genocidio. Y, sin embargo, en el editorial se hacen algunas afirmaciones que no responden del todo a la verdad y que requieren algunas puntualizaciones.

Por un lado, se habla de que los acusados eran 'sospechosos de crímenes de guerra'. No es así: han sido condenados por genocidio, que no es un crimen de guerra sino una variante particularmente odiosa de crimen de lesa humanidad. La distinción no es baladí: para que haya crimen de guerra es preciso, entre otras cosas, que el acto criminal tenga lugar en el contexto de un conflicto armado, interno o internacional. Sin embargo, el genocidio o el crimen de lesa humanidad no requiere un vínculo con un conflicto armado: puede perfectamente ser cometido dentro de un país formalmente en paz. En eso consiste precisamente la revolución en el Derecho internacional que se ha ido desarrollando a partir de los juicios de Nuremberg hace medio siglo.

Por otra parte, se menosprecia la labor del Tribunal Penal Internacional para Ruanda despachándola de la siguiente manera: 'Todo lo que el Tribunal... ha conseguido tras casi siete años de actividad es condenar a ocho figuras menores de aquel holocausto negro'. Esa afirmación es incierta, aparte de injusta. Primero, el Tribunal lleva trabajando menos tiempo del que se dice: sólo algo más de cinco años (periodo que incluye la instalación de una estructura judicial antes inexistente). Segundo, habría que recordar que no se le dieron al principio los mismos medios que se consagraron al Tribunal ad hoc para la ex-Yugoslavia, a pesar de tener que desenvolverse en condiciones más difíciles todavía. Lo que es más importante, el Tribunal ha juzgado y está juzgando no a 'figuras menores', sino a a importantes dirigentes políticos y militares del régimen genocida de Ruanda. Entre los condenados se cuentan el ex-Primer Ministro, Jean Kambanda, así como un gobernador provincial y el alcalde de una ciudad. En el banquillo se sientan actualmente varios ministros, jefes de partidos y otros altos responsables.

Actualmente, las tres Salas del Tribunal para Ruanda están celebrando varios juicios, algunos con varios acusados a la vez: en total, nueve acusados en cinco causas. Mañana día 12 se abrirá un sexto juicio con seis acusados. Quizá no sería mala idea que la prensa internacional, que tanta atención ha prestado (de manera acertada) al juicio celebrado en Bruselas, desplegara un similar esfuerzo de seguimiento y difusión a los juicios que se desarrollan en Arusha (Tanzania).

En cualquier caso, bienvenida sea la atención prestada a la tragedia ruandesa y a la necesidad de hacer todo lo preciso para que no se repita en ninguna otra parte. Por eso hay que congratularse del llamamiento con que se cierra su editorial acerca de la urgencia de poner en pie un tribunal penal internacional de carácter permanente y alcance universal. Un buen paso en esa dirección ha sido la decisión adoptada por el electorado irlandés, que el mismo día que rechazó el Tratado de Niza aprobó en referéndum, por una mayoría del 64% de los votos expresados, la ratificación del Estatuto de Roma que establece la Corte Penal Internacional. Por cierto, esa información no la he podido encontrar en la prensa, sino sepultada en una página de Internet.-