Leganés mantiene la tasa de basuras pese a la fuerte oposición vecinal

La manifestación del pasado martes en Leganés, en la que unos 6.000 vecinos protestaron contra la reciente implantación de la tasa de recogida de basuras, no ha hecho efecto en el equipo de gobierno. El concejal de Hacienda, Santiago Llorente, del PSOE, aseguró ayer que el nuevo tributo se mantendrá pese a la oposición vecinal. El edil recordó que el 50% de los contribuyentes ya ha pagado y que el Consistorio prevé recaudar 455 millones de pesetas con los que mejorar el servicio de recogida de residuos.

Las nueve asociaciones de vecinos de Leganés convocaron el martes por la tarde una manifestación y recorrieron la avenida de Fuenlabrada hasta llegar a la plaza de España. Allí entregaron un escrito al alcalde, el socialista José Luis Pérez Ráez, en el que le pedían la supresión inmediata de la tasa de basuras; ésta supone pagar entre 3.000 y 12.000 pesetas al año para unos 55.000 vecinos. También criticaron que no se hubiera negociado con los afectados la forma de cobro y su cuantía.

El concejal de Hacienda recordó que se ha utilizado como fórmula para el cálculo de la tasa el valor catastral, aunque reconoció que éste era el primer año que se implanta y quizá debería ser retocada en el futuro para que se ajuste 'lo más posible a la realidad'. 'Por ejemplo, estamos estudiando incluir un índice corrector por el número de personas que viven en una casa. Esto se haría a través del censo y del padrón. Tampoco descartamos el modelo de Ávila, en el que todos los vecinos pagan un fijo, independientemente de las dimensiones de las casas', señaló Llorente.

Los concejales de Hacienda de diversos ayuntamientos gobernados por PSOE e IU tienen previsto reunirse a final de mes para tratar la implantación de la nueva tasa. Leganés ha sido el primer gran municipio de la zona sur que ha dado el paso. Le seguirán después del verano otras localidades próximas como Móstoles, Getafe o Fuenlabrada. Todas ellas cuentan con un gobierno formado por el PSOE e IU. Los consistorios regidos por el PP decidieron retrasarla hasta el año 2002.