La fiscalía de Madrid abre diligencias contra las obras de ampliación del aeropuerto de Barajas

Las obras de ampliación del aeropuerto de Barajas se han topado con la vía judicial. La Fiscalía de Medio Ambiente del Tribunal Superior de Justicia ha abierto diligencias contra el inicio de las obras de la nueva terminal, según Carlos Carrasco, abogado de la Asociación Contra el Ruido de la Ciudad Santo Domingo, urbanización cercana al aeródromo. Esta asociación es la autora de la denuncia que ha dado lugar a la intervención de la fiscalía. Carrasco asegura en la denuncia que AENA ha proyectado una nueva terminal 'sin la preceptiva declaración de impacto ambiental'.

Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA), el organismo estatal que gestiona los aeropuertos españoles, negó ayer que el inicio de las obras incurra en ilegalidad alguna y afirmó que la declaración de impacto que se firmó con motivo de la construcción de una nueva pista, en 1996, ya incluía el permiso para levantar un nuevo edificio para pasajeros. Además, según AENA, 'el Real Decreto 9/2000 da cobertura a posibles modificaciones arquitectónicas sobre el proyecto inicial, que ya incluía la construcción de la citada terminal'.

El nuevo proyecto, el que está siendo investigado por la fiscalía, incluye no una, sino dos edificaciones: la citada terminal y otro edificio que servirá para que atraquen los aviones y que se denominará satélite. 'Antes de ampliar las obras evaluamos la situación, y se concluyó que las variaciones introducidas en el proyecto no requieren de una nueva declaración de impacto', informaron fuentes de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea.

Pero la denuncia que estudia la fiscalía de Madrid rechaza estas afirmaciones porque, según recuerda Carrasco, el proyecto de edificaciones que se autorizó en 1996 tenía 140.000 metros cuadrados -el de ahora superará los 470.000- y, además, se ha desplazado más de 300 metros del lugar donde inicialmente fue proyectado.

Problemas de seguridad

AENA tuvo que cambiar de emplazamiento esta terminal cuando descubrió que los técnicos la habían diseñado al final de una de las pistas, lo que podría provocar problemas de seguridad si un avión tuviera dificultades para frenar. 'Si la terminal es mucho mayor que la que se aprobó en la declaración de impacto ambiental del año 1996 y, además, se encuentra casi 400 metros más cerca de las viviendas [del distrito de Barajas], ¿cómo es posible que no tenga que superar una nueva declaración de impacto ambiental?', se pregunta el abogado de la citada asociación vecinal.

En su denuncia, los vecinos consideran que 'los trabajos [la terminal] no se pueden contratar por estar el proyecto en fase de información pública y, por tanto, sujeto tanto a modificaciones como a su no aprobación'. Según los vecinos, contratar algo en estas condiciones 'supondría un grave quebranto para las arcas públicas y, desde luego, una irregular forma de proceder desde la Ley de Contratos del Estado, al contratar algo cuya vida administrativa no es firme', señalan.

La asociación de vecinos se refiere a que si, finalmente, la declaración de impacto que el Ministerio de Medio Ambiente está realizando en la actualidad sobre la ampliación del aeropuerto resultase negativa, todas las obras contratadas e iniciadas tendrían que ser suspendidas. Las declaraciones de impacto son procedimientos administrativos en los que los afectados (vecinos, ecologistas, ayuntamientos, administraciones...) presentan alegaciones contra las obras. El Ministerio de Medio Ambiente estudia entonces si las quejas son razonables y si la obra afectará negativamente a los alegantes. Si la infraestructura es compatible con el entorno, la autoriza.

Los denunciantes consideran, además, que 'existe una prevaricación en este asunto, al haberse tomado resoluciones injustas a sabiendas de su condición irregular', por lo que solicitan de la fiscalía de Madrid 'un minucioso examen de la situación que desde el prisma de los delitos económicos y ambientales pudiese tener este proceder, ciertamente desconcertante', señalan.

Carrasco recuerda que la declaración de impacto de 1996 establecía un máximo de 40 millones de pasajeros, mientras que el nuevo proyecto de AENA prevé que por el nuevo Barajas pasen de 70 a 80 millones de pasajeros al año. Igualmente, el primer proyecto sólo incluía 38 puertas de embarque, mientras el último ya alcanza las 96. 'No estamos hablando, ni por asomo, del mismo edificio', sostiene el abogado. 'Es una obra muy distinta'.

Los denunciantes mantienen que tampoco se ajusta a la ley el inicio de las obras de soterramiento de la M-111 (Barajas-Paracuellos). Sin embargo, fuentes de la Comunidad de Madrid señalaron que estos trabajos no deben someterse a declaración de impacto ambiental, ya que el Gobierno madrileño los eximió de este trámite en una resolución que adoptó el 6 de septiembre de 2000.