La Junta de El Palmar alega ante el juez que no puede admitir a las mujeres

Los 12 miembros de la junta directiva de la Comunidad de Pescadores de El Palmar se sentaron ayer en el banquillo del Juzgado de Lo Penal número 1 de Valencia por desobediencia. El de ayer puede ser el último episodio de una batalla legal que comenzó hace seis años y medio cuando cinco mujeres quisieron formar parte de la comunidad y recibieron un no por respuesta amparado en 750 años de historia sin presencia de mujeres.

Tras tres sentencias favorables a la incorporación de esas mujeres, representadas por el letrado José Luis Romero Villafranca, la situación real no ha cambiado. Las mujeres no han sido admitidas y la junta directiva se ha sentado en el banquillo por un acto de desobediencia grave. Una vez se pronunció el Tribunal Supremo instando a la Comunidad de Pescadores a ejecutar la sentencia de la Audiencia de Valencia que recogía el derecho de las mujeres, los plazos legales se han ido agotando sin que el mandato judicial se hiciera efectivo. Por ello, por dos veces, una colectiva y otra personal a cada uno de los miembros de la junta, se les hizo llegar un requerimiento en el que se advertía que el incumplimiento de la sentencia suponía un acto de desobediencia castigado penalmente.

Los 12 alegaron ayer que no recibieron el requerimiento personal y que sabían que incurrían en desobediencia pero que no son ellos quienes tienen capacidad de cumplir el mandato. Su argumento es que la potestad de admitir socios corresponde a la junta general (es decir, la asamblea general) y que ésta ya se pronunció en contra de lo que solicitó la propia junta, negando la incorporación de las cinco mujeres que iniciaron el litigio. Añaden que ellas no han cursado la solicitud como corresponde, lo que su abogado desmintió al exponer que en varias ocasiones esos trámites se hicieron con presencia de un notario. El juicio, que transcurrió entre la sorpresa del juez -que se declaró 'virgen' en el tema- y la tensión fuera de la sala por la presencia de vecinos respaldando a los acusados, quedó visto para sentencia. La acusación y el fiscal piden un año de prisión. La defensa de la junta, la absolución. Romero Villafranca calificó la sesión de ayer como un episodio más de una burla que se inició hace seis años y medio.