Díaz Alperi mantiene una contrata de mobiliario urbano cuya relación con el Ayuntamiento expiró en 1999

La contrata municipal que explota el mobiliario urbano de Alicante (paneles de información municipal y publicidad en las marquesinas de las paradas de autobús) lleva casi dos años prestando el servicio sin vinculación administrativa con el Ayuntamiento. Desde el 30 de junio de 1999, fecha en la que el Consistorio firmó el acta de finalización del contrato con la firma Cemusa, no ha existido relación contractual entre ambos.

Sin posibilidad legal de prórroga, la empresa ha seguido en activo, según denunció ayer el Grupo Socialista, cuyo portavoz, José Antonio Pina, tachó la situación actual de 'ilegal' y preguntó al alcalde, el popular Luis Díaz Alperi, cuánto dinero han dejado de ingresar las arcas municipales durante esos dos años. 'Como mínimo han sido 35 millones de pesetas al año', apuntó el concejal socialista Pedro Boj, quien hizo hincapié en la 'absoluta ilegalidad' de la contrata.

Al final del anterior mandato municipal, el Ayuntamiento convocó un concurso público para contratar el servicio de mobiliario urbano. El alcalde, tras recibir presiones de varias firmas que optaban a la contrata, desautorizó la propuesta ganadora que redactó el entonces concejal popular José Antonio Rovira, hoy diputado autonómico, y decidió, de común acuerdo con el resto de grupos municipales, declarar desierto el concurso.

Ahora, dos años después de aquel fiasco, el gobierno local ha decidido convocar un nuevo concurso con un pliego de prescripciones técnicas que 'es un calco del que retiró', indicó el portavoz socialista. Según dicho pliego, la contrata tendrá una duración de 12 años. La empresa adjudicataria del servicio tendrá que abonar al Ayuntamiento un canon mínimo anual de 35.000 pesetas por metro cuadrado de espacio publicitario, a explotar por el concesionario, en los elementos de mobiliario urbano.

José Antonio Pina declaró ayer que su grupo condicionó el respaldo a la retirada del concurso en 1999 a la convocatoria por urgencia de un nuevo proceso de adjudicación. Pero 'han tardado dos años y, encima, presentan el mismo pliego', censuró.