Los abogados califican de discriminatorio el trato de la Oficina de Extranjería

Colas desmesuradas, malos tratos verbales de la policía hacia los inmigrantes que aguardan su turno noche y día, falta de información, cambios internos constantes que no son anunciados previamente. El funcionamiento de la Oficina de Extranjería de la Delegación del Gobierno en Barcelona preocupa desde hace tiempo al Colegio de Abogados, pero ahora 'ha alcanzado unos límites injustificables y a todas luces denunciables'.

El trato 'discriminatorio' que reciben los inmigrantes de la Oficina de Extranjería de la capital catalana 'no tiene parangón con el que se da a cualquier otro usuario o en cualquier otra administración pública', señaló ayer Elvira Posada, de la Comisión de Defensa del Colegio de Abogados de Barcelona. Esta entidad anunció ayer que trasladará su preocupación al Síndic de Greuges y al Defensor del Pueblo, e instará a entidades que luchan en favor de los derechos humanos a denunciar estos hechos ante los tribunales para que sancionen a la Administración central.

Según el Colegio de Abogados, en esta oficina, 'como segutamente en las del resto del Estado', se viola sistemáticamente el plazo de tres meses establecido para resolver los expedientes. El tiempo medio que se tarda en resolver un expediente, según Posada, se sitúa entre los 9 y los 12 meses. 'Estos retrasos contribuyen al aumento de las denominadas bolsas de irregulares, a la clandestinidad y a la explotación laboral', asegura.

En los últimos días, se ha llegado al extremo de que 'se han denegado solicitudes en el mismo momento de la presentación del expediente', negando así al inmigrante su derecho a que se estudie su solicitud.

El Colegio de Abogados ha constatado que también se viola el derecho de los inmigrantes a recibir información. 'El sistema de información centralizado y único comporta colas de días enteros para poder acceder a un número que permitirá tan sólo recibir una explicación genérica de la documentación que se ha de aportar para tramitar un permiso'. Los cambios constantes de criterios internos para la resolución de expedientes provocan, según Posada, 'indefensión e inseguridad jurídica para los usuarios'.

Posada destacó que la 'Administración mantiene actitudes discriminatorias que está obligada a sancionar'. La Ley de Extranjería, dijo, considera una infracción grave que la autoridad o los funcionarios 'realicen por acción u omisión actos discriminatorios contra un ciudadano extranjero'.