La pelea de las cajas de ahorro andaluzas

Los localismos y los intereses de algunos presidentes bloquean la integración de las seis entidades

El 11 febrero de 1999, el presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, anunció en el Parlamento su intención de 'impulsar' la fusión de las seis cajas de ahorro de la región en una sola para alumbrar una gran entidad. Este anuncio coincidió con el inicio de la tramitación de la Ley de Cajas de Ahorro autonómica, destinada a lograr una mejor ordenación del sector. Dos años después, el mapa financiero sigue igual, aunque hay movimientos de concentración; tres de las seis cajas han cumplido la ley; dos aún no han hecho la renovación de las direcciones prevista en la norma y una está al margen de ésta hasta que se pronuncie el Tribunal Constitucional.

Chaves justificó la unión a seis bandas con el argumento de que permitiría a Andalucía contar con una caja fuerte y competitiva en un sector que tiende a la concentración. De hecho, la entidad fusionada sería la tercera caja de España, tras La Caixa y Caja Madrid, que están en plena expansión en la comunidad. El Ejecutivo andaluz, además, pretendía contar con una gran entidad regional -las seis cajas copan cerca de la mitad del mercado financiero doméstico-, más sensible a los grandes proyectos de inversión en la comunidad.

El sacerdote Miguel Castillejo, presidente de CajaSur, fue el primero que se rebeló a la ley

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La iniciativa pretendía poner fin a la fragmentación del mapa financiero andaluz, en el que se distinguen tres cajas orientales (Unicaja, con sede en Málaga; La General, en Granada, y Caja de Jaén) y tres occidentales (CajaSur, asentada en Córdoba, y El Monte y Caja San Fernando, ambas con base en Sevilla pero que también tienen una notable implantación en Huelva y Cádiz). De todas, sólo Unicaja, presidida por Braulio Medel, está entre las diez primeras cajas españolas.

El Parlamento aprobó, en diciembre de 1999, la Ley de Cajas; un proyecto cosido a enmiendas, bien distinto del que impulsó la Junta, pero que sí contenía un cambio esencial. Por primera vez, la Junta, como en otras comunidades con Ley de Cajas propia, tenía representación en los órganos de gobierno de las entidades (un 21%). Los representantes de la Junta son elegidos por el Parlamento proporcionalmente al peso de cada partido.

Inicialmente, el proyecto de la caja única no fue visto con malos ojos por la entonces dirección del PP andaluz, pero esta formación cambió el guión cuando comprobó que este asunto podía dañar al Gobierno de Chaves. Además, el PP obvió las directrices del ministro de Economía, Rodrigo Rato, que en 1997 sugirió por carta al PSOE reducir las cajas de ahorro a una 'o dos como mucho' por comunidad antes de la entrada del euro.

La caja única y el borrador de la ley del Gobierno andaluz suponían la salida de cinco de los seis presidentes de las cajas, tres de los cuales (los de CajaSur, El Monte y San Fernando) empezaron a maniobrar para aferrarse al cargo.

El primero que se rebeló públicamente contra la ley fue el sacerdote Miguel Castillejo, presidente de CajaSur, entidad fundada por el Cabildo catedralicio de Córdoba, en la que la Iglesia católica tiene un 35% de representantes en los órganos de gobierno.

Castillejo, canónigo catedralicio que preside CajaSur desde hace más de 25 años, abrió las hostilidades porque la ley iguala la representación de la Iglesia al de otras entidades fundadoras (un 9%) y porque la norma autonómica pone un tope de edad (70 años), que suponía su jubilación. CajaSur es omnipresente en la actividad cultural, económica, social y deportiva de la ciudad, lo que facilitó que, en vísperas de la aprobación de ley, Castillejo consiguiera sacar a la calle a 7.000 cordobeses, con el apoyo del PP y de la patronal agraria Asaja. Los manifestantes defendieron el proyecto autónomo de CajaSur y, sobre todo, mostraron su adhesión a Castillejo.

La fuerza de la entidad controlada por la Iglesia católica no se dejó sentir sólo en las calles; el Gobierno central del PP impugnó la rebaja de la representación eclesiástica en CajaSur ante el Tribunal Constitucional, que ha suspendido cautelarmente un artículo de aplicación a la caja cordobesa. Es previsible que la sentencia tarde pero, mientras tanto, CajaSur está al margen de la nueva norma autonómica, una situación de interinidad jurídica.

La Ley de Cajas y la apuesta pública de Chaves no sólo provocó la excepción cordobesa. En junio de 2000, la Junta tuvo el primer aviso de que sus iniciativas generaban fuertes reacciones localistas. Las asambleas generales de las cajas (excepto CajaSur) debían aprobar la adaptación de sus estatutos a la nueva normativa y, salvo Unicaja, todas decidieron desobedecer la ley. El proyecto de una gran entidad, en una comunidad donde las cajas están muy arraigadas en sus compromisos locales, fue suficiente para provocar una insumisión en toda regla que fue apoyada por el PP y por algunos sectores de las agrupaciones socialistas cuyo peso en las cajas es muy importante, sobre todo en Sevilla.

En lo que queda de 2000, el PSOE regional toca a rebato y consigue, no sin dificultades, reconducir la situación en La General y Caja de Jaén. Sus asambleas aprobaron finalmente adaptar sus estatutos a la ley -acuerdos impugnados sin éxito por el PP ante los tribunales-, de modo que las tres cajas orientales ya se han ceñido a la ley y han renovado sus órganos o están inmersas en este proceso.

En la zona occidental, las cosas no han sido tan fáciles. El PSOE no ha conseguido calmar aún las aguas en Caja San Fernando y El Monte. Sus presidentes, Juan Manuel López Benjumea e Isidoro Beneroso, alentaron el localismo en Sevilla, Cádiz y Huelva frente a una futura caja única, en la que Unicaja y, por tanto Málaga (cuyas autoridades políticas, empresariales y sociales reivindican su poder económico frente a la capital andaluza), tendrían un papel protagonista.

Beneroso y López Benjumea hicieron público un proyecto que habían comenzado a apuntalar poco tiempo atrás: la fusión de El Monte y Caja San Fernando que, en plena marejada localista, no tuvo muchos problemas en conseguir el respaldo de partidos políticos (incluidas las direcciones locales del PSOE y del PP), empresarios e instituciones. Todo ello a pesar de que, desde el principio, la consejera de Economía, Magdalena Álvarez, defendió que los presidentes, veteranos militantes socialistas, sólo buscaban mantenerse en el sillón. Su gestión (muy condicionada por intereses personales, según la Junta), ya les había hecho caer en desgracia ante el PSOE regional.

Ante los respaldos y el arsenal de argumentos jurídicos que habían acumulado los presidentes para sabotear la aplicación de la ley, el PSOE medió en enero de este año entre las cajas y la Consejería de Economía para hallar una solución al laberinto legal. Además, los socialistas adoptaron una nueva doctrina oficial: las fusiones parciales, incluida la de El Monte y Caja San Fernando, con los órganos renovados como el mejor camino hacia la caja única. La paz sevillana duró apenas tres meses, hasta que Beneroso y López Benjumea decidieron paralizar de nuevo el proceso de renovación de cargos al tiempo que sus Consejos de Administración aprobaban el proyecto de fusión en AlCaja, presentado con gran despliegue mediático.

Desde entonces, los presidentes de las cajas (que saben que si someten a un proceso electoral no repetirían ya que el PSOE les ha retirado la confianza) y la Junta, que quiere reactivar este proceso en cumplimiento de la ley, están en guerra sin cuartel. El Gobierno andaluz cuenta con un dictamen claro del Consejo Consultivo, órgano de asesoramiento jurídico de la Junta, que establece que ambas cajas deben iniciar la renovación de órganos para cumplir la ley.

Previamente, el PSOE había impulsado la integración de Caja de Jaén, La General y Unicaja para constituir una entidad oriental, cuyas dimensiones financieras duplicarían las de AlCaja. El presidente de Unicaja, partidario de procesos integradores para hacer cajas fuertes, lanzó guiños a Jaén y Granada. Medel usa un argumento clave para defender la concentración: los activos totales de La Caixa equivalen a un 68,3% del PIB catalán, mientras que Unicaja, la primera entidad andaluza, sólo llega al 15,2% del PIB andaluz.

Los intentos de Medel por constituir un eje financiero Málaga-Granada consiguió aglutinar a todos los sectores granadinos en defensa de la 'independencia' de La General, que sólo admite su disposición a absorber Caja de Jaén, la caja más pequeña.

Ante estos movimimentos, ha reaparecido incluso el sacerdote Castillejo, quien ha propuesta una caja del interior con Granada y Jaén, algo que éstas rechazan.

En definitiva, las posiciones localistas, independientemente de las ideologías (el PSOE y el PP de Sevilla apoyan la fusión de El Monte y San Fernando; sus direcciones de Granada reivindican el proyecto independiente de La General y las de Málaga reclaman la caja única) han aparcado, de momento, el proyecto de la gran caja andaluza.

Información elaborada con la colaboración de Ignacio Martínez, Carmen del Arco y Alejandro V. García

* Este artículo apareció en la edición impresa del domingo, 10 de junio de 2001.

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