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COLUMNA

Transformismo

Me había hecho el propósito de no repetir el tema de las cajas de ahorro sevillanas. Quería andar por otros derroteros a fin de convencerme de que en Andalucía existen otras preocupaciones. Pensaba que además de las cajas, el Rocío, la especulación urbanística y el combate diario entre PSOE y PP existía otra Andalucía, aunque salga poco en los medios. Es imposible cumplir el deseo. Decir actualidad sigue siendo hablar de las cajas; decir despropósito sigue siendo comentar todo lo que está ocurriendo en torno a este asunto. Precisamente porque no soy experto en leyes, lo único que se me ocurre ante este conflictivo asunto jurídico es: cúmplase la ley por quien la tiene que cumplir y actúe quien tiene la obligación de hacerla cumplir. Ha hablado la Junta, ha hablado el Consejo Consultivo. Jueces habrá que actúen en su momento.

Por eso no acabo de entender esa obsesión por negociar desde la política aquello que sólo tiene solución y ejemplaridad desde la ley. No acabo de entender las razones que aduce el secretario general del PA para negociar con los presidentes de las cajas sevillanas. No termino por comprender a qué viene la posición de CC OO pidiendo la intervención del Banco de España. Y, desde luego, sigo sin ver la silente posición que ha adoptado el PSOE sevillano, seguramente origen y factor clave en el estropicio social que se está produciendo.

Porque ahí quería llegar. Lo que está manifestando este turbio y apestoso negocio es la individual manera de entender la acción pública que ocupó hace ya tiempo las cabezas y los intereses de muchos dirigentes partidarios. Aquellos cuya finalidad debería ser la defensa intransigente de los intereses públicos y de Andalucía como conjunto social parece que se han dedicado en los últimos tiempos a barrer las casas de los prohombres de toda la vida, de esos sectores que tradicionalmente han simbolizado en esta tierra los intereses más rancios, proteccionistas y dependientes del poder. Un poder político, tenga las siglas que tenga, cuya obligación cuando menos es aplicar aquel programa votado mayoritariamente y aquella ley aprobada por su parlamento democrático. Todo lo demás son intereses reales, pero espurios.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 11 de junio de 2001