El salario del verdugo

El confuso circuito de efectos comerciales que supuestamente provocó un severo quebranto económico para las arcas del Instituto Valenciano de la Exportación (Ivex) y llevó a los responsables de la empresa pública y a la Generalitat a presentar una querella criminal contra José María Tabares, director general de la entidad hasta septiembre de 1999, ha quedado en entredicho a raíz de una reciente sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia.

El Fortis Bank, uno de las cuatro entidades financieras que reclaman al Ivex que cubra los fondos que anticiparon a cuenta a partir de los avales firmados por Tabares, ha recibido un severo varapalo.

La sentencia de la Audiencia Provincial recuerda que la ley de Hacienda Pública de la Generalitat indica que una empresa pública sólo puede avalar operaciones de otra empresa pública, nunca de una privada, a pesar estar constituida formalmente como una sociedad anónima.

Si el Fortis Bank quiere recuperar su dinero tendrá que reclamar los fondos a las sociedades de Jean Luc Lagier, que descontaron los efectos comerciales, o al propio Tabares, nunca al Ivex o la Generalitat.

Los responsables de la Generalitat celebran la sentencia porque no tendrán que rascar en los bolsillos públicos para devolver los fondos. Pero se enfrentan a un segundo problema.

La querella criminal contra Tabares presentada a raíz de la comisión de un supuesto delito societario se basa en el dolo en el proceder del acusado y en el quebranto económico sufrido por la empresa pública.

Pero si el Ivex no debe devolver los fondos, el quebranto económico desaparece. No del todo. Se sostiene sobre el coste de los intereses del depósito que la Generalitat tuvo que hacer en los juzgados para afrontar las reclamaciones, en torno a mil millones de pesetas.

Pero, en el momento presente, la partida más importante del quebranto que sufre la Generalitat a raíz del caso Ivex resulta ser la minuta que girará en su momento el prestigioso bufete de abogados que ha diseñado la acusación contra Tabares. Un experto jurídico sugiere que ningún fiscal puede sostener una acusación a partir de semejante hecho: algo así como denunciar al reo porque el salario del verdugo es demasiado alto.