Los obispos asumen el fracaso del 'impuesto religioso'

Dice un refrán que el dinero es muy católico. Pero no tanto como le gustaría a la Iglesia. Sólo el 36,62% de los contribuyentes españoles siguió el año pasado la consigna eclesiástica en un país en el que el 85% de los habitantes se dice católico, según la última encuesta del CIS sobre creencias religiosas.

En 1988, cuando el Gobierno de Felipe González y la Conferencia Episcopal Española acordaron la fórmula del impuesto religioso en la declaración de la renta, los obispos estaban convencidos de que les bastaría un periodo transitorio de tres años para alcanzar la autofinanciación de la Iglesia mediante las aportaciones de sus seguidores. Trece años después, la transitoriedad se ha enquistado en el sistema fiscal. El 90,8% del presupuesto de la Iglesia corrió a cuenta del Estado en el año 2000.

El sustituto de la Secretaría de Estado del Vaticano, Leonardo Sandri, resaltó el pasado viernes la necesidad de resolver 'satisfactoriamente temas como la asignación tributaria y la enseñanza de la religión y moral católicas en las escuelas', pero en Madrid, en la sede de la Conferencia Episcopal, nadie pudo explicar si el arzobispo Sandri hablaba de la cuestión con nuevos datos o sólo por hacerse eco de asuntos que causan disgusto a sus colegas españoles.

La decepción fiscal de los obispos se produjo ya en la primera campaña de la renta, la de 1988, que recogía el impuesto religioso. Entonces, sólo el 32% de los contribuyentes expresó sus deseos a favor de la Iglesia, a pesar de que aquel año los prelados prepararon una campaña de publicidad en toda regla para dar a conocer un sistema de financiación que entonces les pareció muy aceptable. Aquel primer fracaso obligó al Estado a complementar con más de 4.000 millones de pesetas la asignación tributaria de los católicos y dejó claro que no era posible cumplir el plazo de tres años marcado para la autofinanciación eclesiástica.

Además, el prometedor impuesto religioso logrado por los obispos en 1988 quedó enrarecido por una competencia no prevista entre la casilla tributaria de la Iglesia y la destinada a otros fines sociales. 'Fue como preguntar a los españoles a quién querían dedicar sus impuestos: si a los pobres o a los curas', explica ahora un prelado. Por cierto que quienes preferían dedicar su cuota a otros fines sociales también favorecían a la Iglesia católica: una parte de las ONG favorecidas por ese reparto fiscal pertenece a esta religión. Es el caso de Cáritas y Manos Unidas, entre otras muchas.

Lo cierto es que, con el tiempo, las cosas no fueron a mejor, sino todo lo contrario. Así, en 1997, la asignación tributaria a favor de la Iglesia no llegó a los 14.000 millones de pesetas (13.835.825.176 pesetas, en concreto), y ese año el Estado tuvo que complementar con más de 6.000 millones aquella entrega. En el último ejercicio del que Hacienda ha facilitado datos -el de 1998, sobre la declaración de la renta de 1999-, el impuesto religioso recaudó 16.175 millones y la Iglesia recibió, en cambio, 21.000 millones de las arcas del Estado.

Este año, el presupuesto de la Iglesia asciende a 23.929 millones, de los que Hacienda aporta 21.750 millones, el 2% más que en el ejercicio anterior. El Gobierno del PP ha anunciado que, pase lo que pase con la recaudación en cada ejercicio, los obispos recibirán del Estado una cantidad fija garantizada y revisada cada año. El PSOE considera inconstitucional esa decisión, porque consolida un sistema de financiación en el que la Iglesia recibe aportaciones de todos los españoles, sean creyentes o no, convirtiendo al Estado en 'claramente confesional', además de incumplir acuerdos firmados entre España y la Santa Sede en 1979, y entre el Gobierno y la Conferencia Episcopal en 1988.